Una ex empleada del Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo de Neuquén (IPVU) tendrá que devolver 81.594,65 pesos e intereses, por los sueldos y aguinaldos que cobró en forma indebida, ya que corresponden a períodos en los que no había trabajado.
Así lo confirmó la Sala Procesal Administrativa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), integrada por los jueces Evaldo Darío Moya y Alfredo Elosu Larumbe, al rechazar la apelación que había presentado esta ex estatal llamada Ana María G.
Fuentes judiciales indicaron que durante dicho período, esta mujer estuvo en uso de una licencia sin goce de haberes, y que luego se ausentó sin causa justificada.
Los haberes indebidamente abonados corresponden a diciembre de 2011, segunda cuota del aguinaldo de ese año, enero a mayo de 2012, diciembre de 2012, abril de 2013, junio de 2013, primero y segundo aguinaldo de ese año, y diciembre de 2014.
En su defensa, Ana María G. dijo que los montos tuvieron su razón de ser en el contrato de trabajo, que se extinguió recién en 2016 a través de la resolución del sumario que impuso la sanción de cesantía. Consideró que es por eso que “no existe el enriquecimiento sin causa” por el que, ahora, se la obliga a restituir aquella suma. Dijo que utilizó las acreditaciones (interprétese depósitos de haberes) creyendo que les correspondía, y responsabilizó por eso al Estado. A la hora de resolver, los jueces del TSJ dijeron que “nada permite inferir que el agente que haya percibido sumas erróneamente liquidadas no deba proceder a su restitución, por el hecho de que la Administración haya demorado en detectar el pago”.
Explicaron, además, que “la vigencia de la relación de empleo público no genera por sí sola el pago de haberes, con lo cual yerra la recurrente al sostener que solo utilizó las acreditaciones entendiéndolas como pago por el contrato de trabajo”.
