La Justicia dio por terminada la investigación por presunto incumplimiento en los deberes de funcionario público contra la ministra de Educación, Cristina Storioni, iniciada a partir de la denuncia del abogado Gustavo Lucero por el prolongado conflicto docente.
La jueza María Antonieta Gagliano ratificó el archivo del expediente que había solicitado el fiscal Diego Azcárate, con la oposición del abogado Lucero quien representó a los denominados "padres autoconvocados". Se argumentó la "inexistencia de delito".
Lucero pretendía la continuidad de la investigación, ya que a su criterio la cartera que dirige Storioni no cumplió con lo que establece la legislación, es decir garantizar el dictado de clases.
La audiencia se desarrolló a partir de las 8.30.
Lucero explicó, en diálogo con AM550, que la denuncia fue presentada "en el marco del paro docente que derivó en la falta del dictado de clases" durante más de un mes. "Concurrimos a la Defensoría General, al CPE, y a la Legislatura; teníamos que manejarnos con la ley, y esa ley dice que el garante de la educación es el Estado, o sea el gobierno a través del ministerio de Educación", señaló.
Luego recordó que "radicamos una denuncia penal y pedimos que se lleve adelante una investigación; en un momento nos enteramos que la fiscalía la había cajoneado. Después, sólo pidió informes a (Cristina) Storioni sin considerarla imputada".
En la audiencia de esta mañana, la jueza Gagliano ratificó el dictamen del fiscal, para quien el caso debía ser archivado por inexistencia de delito.
