La Justicia neuquina hizo hincapié no sólo en la vulnerabilidad, sino también en el proceso inflacionario, y elevó a 20 mil pesos la cuota alimentaria que paga el padre de un niño con discapacidad.
Los argumentos que este había esgrimido en su negativa son, en verdad, indignantes. Dijo que ese monto era elevado “en función de las posibilidades” del niño, ya que “su condición” no le permite asistir a un establecimiento educativo ni le da posibilidades de realizar actividades recreativas.
También apuntó que la madre no había podido probar los gastos que el niño no tiene garantizados, especialmente los de salud (que son cubiertos por la obra social, en un 70%). Pero, a la hora de resolver, la Sala Segunda de la Cámara Civil de Neuquén desestimó estos argumentos, rechazó la apelación y dejó firme la condena.
En su resolución, los camaristas Patricia Clerici y José Noacco destacaron que “ante el transcurso del tiempo y la mayor edad de los hijos, como asimismo el aumento del costo de vida en el actual contexto económico, no son necesarias mayores probanzas en relación a las necesidades de los niños”.
Los jueces también subrayaron “la especial situación del hijo que, como persona vulnerable, es sujeto de una tutela diferenciada”; y destacaron que dicha tutela propende a “asegurarle una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad”.
Al tiempo que fuentes judiciales dijeron que el padre omitió probar lo relativo a su situación económica.
(Fuente: colaboradores propios)
