Quieren saber porqué hay violencia policial

A partir del caso de Facundo Agüero y otras detenciones en las que aparece violencia policial, el diputado del Frente Grande Raúl Podestá impulsó un pedido de informes al Ministro de Desarrollo Social, Trabajo y Seguridad  Mariano Gaido , para conocer protocolos de actuación de la fuerza provincial y medidas dispuestas, en casos de comisión de excesos por parte de la misma.

La iniciativa fue acompañada por legisladores de los bloques Frente para la Victoria, Frente Renovador, Nuevo Compromiso, Libres del Sur y Frente Neuquino, se fundamenta en la necesidad de contar con datos precisos que permitan trazar un cuadro de situación referido a la naturaleza y modalidades de la actuación de la policía de Neuquén.

Este pedido de informes apunta a obtener información sobre los principios y pautas de actuación contenidos en el Protocolo de Entrenamiento para la Autodefensa Policial,  si existen estadísticas sobre excesos cometidos en los procedimientos a cargo del personal de la fuerza policial provincial desde el año 2014 a la fecha, actuaciones administrativas instruidas con motivo de dichos excesos y eventuales sanciones impuestas.

En particular se consulta a Gaido respecto a los procedimientos en los casos de Facundo Agüero, Diego Azcárate y de Roberto Tecker, sobre qué actuaciones se instruyeron por los excesos en los que incurrió el personal policial, independientemente de las acciones judiciales en trámite en la justicia penal.

Se busca conocer si existe procedimiento policial para conducir a un detenido menor de edad hasta la Comisaría del Menor, y si existiere, qué medidas adopta la cartera de Seguridad para fiscalizar el cumplimiento del mismo.

En los casos de detención de menores de edad en flagrancia, existe preocupación por situaciones generadas en el traslado a la Comisaría del Menor, a partir de denuncias posteriores por vejaciones y excesos, incurriendo en la vulneración de los derechos garantizados por la ley provincial 2302.

Sostiene el pedido de informes “la importancia de controlar el accionar de la policía provincial, habida cuenta de la responsabilidad del Estado sobre las graves consecuencias que abusos de poder, arbitrariedad o actos de violencia ilegales ejercidos en sus intervenciones, pueden acarrear a toda la sociedad”.