Duro rechazo de defensores a proyecto de ampliar preventivas

La Defensoría General salió a cruzar fuerte al proyecto presentado por el fiscal General, José Gerez, de extender un año el plazo de prisión preventiva, al que consideró “nulo” porque “viola la Constitución y tratados internacionales” y consideró que “no puede hacerse pagar a los privados de la libertad los efectos de la pandemia; no podemos hacerle pagar a la gente, con su libertad, nuestra comodidad”.

El titular de la Defensoría General, Ricardo Cancela, acompañado por los defensores Fernando Diez y Raúl Caferra, fueron invitados a la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura para que expongan su opinión acerca del proyecto presentado por Gerez por el que propuso extender un año el plazo de prisión preventiva de personas detenidas sin condena, con el argumento de que el protocolo sanitario aplicado por la pandemia de coronavirus, impide hacer juicios penales y obliga a excarcelar a quienes aguardan ser juzgados cuyas prisiones preventivas están a punto de vencer.

Cancela señaló que “el proyecto presentado es nulo, porque viola la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, que instauran el derecho de toda persona a ser juzgada en un plazo razonable”.

Consideró luego que Neuquén “se ubicó a la vanguardia de las provincias argentinas en términos de plazos razonables: para la investigación, para la duración total del proceso y para la prisión preventiva, y para exigir una justicia rápida, lo cual tiene como contracara la responsabilidad y el trabajo de todos los operadores judiciales”. Y sintetizó: “Las garantías son los medios que establece la Constitución para que todos los ciudadanos podamos defender y sostener nuestros derechos, (…) y las garantías procesales son derecho constitucional aplicado”.

El Defensor General subrayó “por aplicación de estas normas convencionales, el plazo de la prisión preventiva no se puede modificar sin generar responsabilidad internacional, en función de la vigencia del principio de progresividad o de prohibición de regresividad, que establece que el Estado debe generar mayores y mejores derechos, nunca retroceder en su reconocimiento. Resaltó que “la prisión preventiva es un mecanismo para cautelar el proceso, es de aplicación excepcional, (…) no se trata de cautelar la inactividad del fiscal”.

Cancela brindó datos estadísticos a los legisladores. Dijo que Neuquén es una de las provincias con menor cantidad de detenidos procesados, y en este sentido señaló que “el número de prisiones preventivas es muy bajo: 32 en toda la provincia”.

“Trastocando los plazos del código –continuó- se cambia su esencia: los plazos de prisión preventiva cautelarían casi el 70% del proceso, teniendo en cuenta que pretende extenderse a dos y la duración máxima del proceso es de tres años”. Y añadió: “Es evidente, entonces, que se busca otra cosa: lo que encierra el proyecto es invadir competencias de los magistrados, contiene una vedada intención de sustituir la apreciación judicial”. En este sentido subrayó que “no puede hacerse pagar a los privados de la libertad los efectos de la pandemia; no podemos hacerle pagar a la gente, con su libertad, nuestra comodidad”.

Para finalizar, Cancela traslado a los diputados algunos interrogantes: “¿queremos volver a instituciones del pasado?, ¿queremos tener una justicia con instituciones aletargadas?, ¿queremos dejar de cumplir con las mandas constitucionales?...yo estoy seguro que no, pero la respuesta es de ustedes”.