ESCÁNDALO POLÍTICO-JUDICIAL
Abren causa penal a todo el Deliberante de la Angostura
Los siete integrantes del cuerpo deliberativo fueron acusados por desarrollar una sesión especial que había sido suspendida por un juez.
Por haber llevado adelante una sesión legislativa extraordinaria para debatir la destitución de un funcionario municipal, pese a que un juez la había suspendido, los siete concejales y concejalas de Villa La Angostura quedaron bajo investigación por los presuntos delitos de desobediencia a un funcionario público; al presidente del cuerpo, además, se le atribuyó un incumplimiento en los deberes de funcionario público.
El fiscal Jefe Fernando Rubio y su asistente letrado, Ramiro Amaya, le formularon cargos a David Tressens Ripoll, Melisa Salamanca y Walter Espíndola, del bloque del MPN; a María Eugenia Mesa y Sergio Troche del Frente de Todos; a Marta Cicconi del PRO y a Agustina Vaca Arenaza del partido Primero Angostura, por haber incumplido la orden de un juez provincial.
La teoría del caso planteada por la fiscalía es que el 15 de enero, un minuto antes de las ocho de la mañana, los concejales avanzaron en la realización de la sesión del cuerpo, cuando el juez en lo Contencioso Administrativo de Zapala, Matías Nicolini, había dictado una medida cautelar ordenando que la suspendan. Según describió el asistente letrado Amaya, Tressens, en su carácter de presidente del Concejo Deliberante, “retrasó la apertura de las puertas del edificio para evitar que se pusiera en evidencia el incumplimiento de la orden de no realizar la reunión”.
La sesión había sido convocada para proceder a la destitución de un funcionario municipal, acusado de irregularidades en la contratación de Jimena Varón para un show en la Fiesta de los Jardines.
A pedido de los representantes del Ministerio Público Fiscal, el juez de Garantías Nazareno Eulogio tuvo por formulados los cargos, declaró el caso como complejo y fijó un año de plazo de investigación.
Además, el fiscal jefe se opuso a tres planteos posteriores realizados por las defensas en contra de la investigación penal. El juez, tras escuchar a las partes, coincidió con el representante del Ministerio Público y los rechazó.
