DESPUÉS DE 16 AÑOS
Fuentealba II: no hubo sobreseimientos y comenzó el juicio
Ocho ex policías están acusados por la represión a docentes que derivó en el asesinato de Carlos Fuentealba. Serán 10 días de audiencias.Luego que el tribunal de juicio resolvió rechazar los planteos presentados por los defensores de los ocho policías imputados en la causa Fuentealba II, comenzó el juicio para determinar la responsabilidad de ellos en la planificación y ejecución de la represión que derivó en el asesinato del maestro Carlos Fuentealba, el 4 de abril de 2007 en Arroyito. La fiscalía acusará solamente a un policía mientras que la querella avanzará sobre la totalidad.
El fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid y los querellantes, Ricardo Mendaña y Marcelo Medrano, expusieron sus alegatos de apertura frente al tribunal integrado por Luis Giorgetti, Diego Chavarría Ruiz y Raúl Aufranc.
Los alegatos de las partes recién comenzaron pasadas las once de la mañana, después que el tribunal coincidiera con el fiscal jefe y con la querella particular en rechazar los distintos planteos mediante los que las defensas de los imputados habían solicitado que fueran sobreseídos.
El presidente del tribunal, Luis Georgetti, fue el encargado de rechazar las “excepciones” presentadas por la defensas, la mayoría relacionadas con los plazos del proceso. “En nuestro sistema hay una serie de pasos que llevan a la instancia de juicio. En ese proceso hay competencias y, en este caso, las excepciones respecto de la elevación a juicio deben ser tratadas en el control de acusación”, indicó el magistrado sobre los planteos que corresponden a esa instancia y no a los momentos previos al inicio del juzgamiento. Luego, informó la decisión unánime del tribunal de declarar “inadmisibles” las excepciones presentadas.
Al momento de presentar la acusación, Breide Obeid detalló por qué la fiscalía tiene limitado su accionar al único acusado oportunamente, pero no así la querella particular, que avanzará contra todos los efectivos. Así, el fiscal jefe acusó a Benito Ariel Matus por dos hechos que ocurrieron durante el operativo: haber disparado con una escopeta 12/70 contra una persona que se movilizaba a bordo de un auto y haber golpeado con su arma a otro manifestante, Miguel Alejandro Castellar, cuando éste se dirigía con las manos en alto hacia un cordón policial. Los delitos que le imputó fueron abuso de armas y lesiones leves, agravadas por su condición de funcionario público.
Los abogados querellantes acusaron también a otros siete efectivos: Carlos David Salazar, Moises y Adolfo Soto, Jorge Bernabé Garrido, Mario Rinzafri, Aquiles González y Julio Lincoleo. En este caso les imputaron los delitos de abuso de autoridad y encubrimiento agravado, en algunos casos ambas figuras y en otros sólo una de ellas.
Luego fue el turno de las defensas, asumidas por los abogados Rubén Casas, Gustavo Lucero, Esteban Sampayo y Juan Coto que adelantaron parte de su estrategia para reiterar pedidos de absolución.
Los hechos ocurrieron el 4 de abril de 2007, durante una manifestación de docentes en cercanías de la localidad de Arroyito, donde en el marco del operativo montado por la Policía provincial, el entonces cabo Darío Poblete disparó y mató a Carlos Fuentealba. Por ese hecho, el policía fue acusado y condenado a prisión perpetua, responsable del delito de homicidio calificado con alevosía.
El 25 de noviembre de 2021 -en una decisión que fue ratificada 13 de abril de 2022 - el juez de garantías Lucas Yancarelli habilitó la etapa de juicio. En el caso de Benito Ariel Matus, por abuso de armas y lesiones leves, agravadas por su condición de funcionario público; mientras que respecto de los efectivos Carlos David Salazar, Moises y Adolfo Soto, Jorge Bernabé Garrido, Mario Rinzafri, Aquiles González y Julio Lincoleo, la habilitación de instancia de juicio fue por abuso de autoridad y encubrimiento agravado, en algunos casos ambas figuras y en otros sólo una de ellas.
Fuera de la Ciudad Judicial, el inicio del juicio fue acompañado por un nutrido grupo de manifestantes –en su mayoría del gremio docente ATEN-, con carteles para reclamar “Justicia Completa”, promoviendo la inclusión de responsables políticos en la represión policial.