En total, 95 empresas a nivel país enfrentan esta medida, y en el caso de la región, varias de las principales proveedoras de servicios están involucradas, acumulando múltiples expedientes por presuntas infracciones.
La medida, tomada a cabo por la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, responde a un cambio normativo que entró en vigor el 11 de octubre. Esta nueva normativa prohíbe que las empresas de servicios públicos incluyan cargos ajenos al contrato entre proveedor y usuario, como el alumbrado o el barrido, que suelen ser gestionados por los municipios. Las empresas imputadas en Neuquén y Río Negro, entre ellas CALF, Camuzzi Gas del Sur y Edersa, tienen ahora cinco días hábiles para presentar su descargo antes de enfrentar sanciones, que podrían ascender a los 2.130 millones de pesos en caso de incumplimiento.
Qué empresas de Neuquén y Río Negro están involucradas
Entre las principales imputadas en la región, se encuentra CALF, con un sumario por presuntas infracciones en Neuquén. Camuzzi Gas del Sur SA, una de las principales distribuidoras de gas en el sur del país, enfrenta nueve sumarios, con imputaciones en localidades como Bariloche, General Roca, Junín de los Andes y San Martín de los Andes. Además, en San Martín de los Andes también figura la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos, que tiene una imputación, al igual que la Cooperativa de Electricidad de Bariloche Ltda. y la Cooperativa de Servicios Públicos de Plottier Ltda. Por último, Edersa, que opera en ciudades como Cipolletti, General Roca, Allen y Viedma, acumula siete sumarios.
Desde el Gobierno nacional, el vocero Manuel Adorni subrayó que se invitó a los intendentes a buscar alternativas para el cobro de estas tasas, evitando incluirlas en las facturas de servicios públicos. "Es necesario que los municipios gestionen sus propios recursos sin perjudicar a los consumidores", declaró. Sin embargo, los municipios defienden esta práctica como un mecanismo clave para financiar servicios básicos y sostener áreas como la seguridad y el mantenimiento de espacios verdes.
El subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Fernando Blanco Muiño, calificó de ilegales estos cobros adicionales, señalando que violan el artículo 42 de la Constitución Nacional. Hasta el momento, más de 2.700 consumidores enviaron denuncias al correo habilitado por la Secretaría de Industria y Comercio, reflejando un descontento generalizado ante estos cargos adicionales en sus facturas.
Para promover la transparencia en el cobro de servicios públicos, la Secretaría de Energía también dispuso que las estaciones de servicio informen a los consumidores sobre las tasas viales mediante un cartel. Las empresas de combustibles deben ahora exhibir esta información y tienen 120 días para adaptarse, enfrentando sanciones en caso de no cumplir con la medida.
