Echaron del Estado de Neuquén a dos narcos condenados por la Justicia

Los reconocidos integrantes de una banda narco de Neuquén Capital y ahora ex empleados del Ministerio de Desarrollo Social, Juan Carlos Santana y Julio Blanco, a través de dos decretos fueron echados de la administración pública, por estar condenados por diferentes delitos.

Santana, durante la gestión anterior del gobierno neuquino, cumplía tareas como chofer en Desarrollo Social y mantenía una estrecha relación con el ex ministro de la cartera, Abel Di Luca, que está acusado de asociación ilícita y defraudación al Estado en la causa de estafa con los planes sociales.

A pesar de que Santana, es un conocido jefe de una banda narco y fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por “robo calificado" con arma de fuego. Cuando cumplía prisión domiciliaria no solo fue recategorizado en el 2023, sino que además continuó cobrando su salario durante cuatro años.  

Por su parte, Julio Blanco, tiene una condena por ser considerado autor penalmente responsable del delito de confabulación para la comercialización de estupefacientes, un delito con pena de tres años de prisión de ejecución condicional.

En este contexto,  la Asesoría General de Gobierno provincial entendió que “no resultaba necesaria la procedencia del sumario administrativo para la baja del agente” y sugirió dar curso al procedimiento "de baja automática”. Así se aceleró el despido de ambos.

Expulsaron del Estado provincial a dos agentes condenados

Luego de arduas investigación sobre el caso, el gobernador Rolando Figueroa firmó los decretos 2024-1097 por el cual Juan Carlos Santana y Julio Blanco fueron dados de baja del Estado provincial. 

Cabe recordar que el gobierno provincial avanzó, a través del Consejo Estratégico de Implementación (CEI) en conjunto con el Ministerio Público Fiscal, en la implementación de la desfederalización del narcomenudeo, en adhesión a la Ley Nacional 26.052, lo que permitirá a la Provincia investigar ese tipo de delitos.

La desfederalización posibilitará actuar de manera más rápida y eficiente, y la colaboración entre las distintas entidades gubernamentales que es vital para asegurar el éxito de esta iniciativa.

Desde el comienzo de su gestión, el gobernador Figueroa se propuso eliminar los gastos innecesarios del Estado y, al mismo tiempo, separar de sus cargos y funciones a agentes que no cumplen con sus tareas o directamente estén involucrados en delitos.

Los decretos argumentaron que los delitos acreditados resultan manifiestamente incompatibles con la actividad estatal en general y recordaron las condiciones establecidas para el ingreso a la Administración Provincial y las buenas condiciones morales y de conducta.