Era una mañana como cualquier otra en Choele Choel. Una mujer manejaba su auto por el boulevard Intendente Jesús Zuain, cuando de repente, lo inesperado: una pala cargadora de gran porte, estacionada a contramano, le bloqueó el paso. No tuvo tiempo de esquivarla. El impacto fue brutal. Y lo que vino después, devastador. Cursaba un embarazo avanzado de 30 semanas. El accidente no solo le provocó lesiones físicas: también perdió al bebé que esperaba.
Esta semana, el juzgado civil que analizó el caso ordenó una indemnización a favor de la mujer. Según determinó, la maquinaria pesada había sido dejada sobre el carril contrario por un empleado municipal, quien se bajó unos minutos para abrir el portón de un predio deportivo. No se colocaron señales, ni se tomaron medidas preventivas para advertir sobre el obstáculo. La conductora, que se desplazaba en forma reglamentaria, no tuvo tiempo de maniobrar para evitar el impacto.
Durante el juicio, la comuna intentó despegarse del hecho: argumentó que la máquina estaba detenida “solo por unos minutos”, que tenía las luces encendidas, y que la conductora “podría haberse dormido” por ser muy temprano. También se insinuó que no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Pero nada de eso logró convencer al tribunal.
El fallo destacó la gravedad del caso: no solo se trató de un accidente vial, sino de una pérdida humana irreversible. La víctima sufrió, además, lesiones físicas y secuelas emocionales profundas. Un informe pericial detalló que presenta un cuadro de estrés postraumático, con síntomas persistentes de angustia, trastornos del sueño, ansiedad y depresión.
En su testimonio, la mujer relató cómo el accidente marcó su vida cotidiana y su vínculo con la maternidad: “Después del alta, comencé con la obsesión de querer tener un bebé. Intentamos durante un año y medio. Cuando volví a quedar embarazada, lo viví con mucho miedo”.También contó que dejó de conducir con normalidad: “Me gustaba mucho manejar y eso lo perdí. Si puedo evitarlo, no manejo sola”.
El fallo también abordó el rol de la aseguradora estatal, que había reconocido la existencia de una póliza vigente pero pretendía aplicar un límite de cobertura basado en una resolución de la Superintendencia de Seguros. El tribunal declaró inconstitucional esa norma por considerar que atentaba contra el derecho a una reparación integral. Así, ordenó calcular la indemnización con valores actualizados y sumando intereses desde el día del accidente.