El municipio de Darwin quedó envuelto en una nueva polémica con el radar que controla las velocidades máximas sobre la ruta Nacional 22. Se confirmó que envía intimaciones a conductores por infracciones cometidas en períodos en los que no estaba legalmente habilitado. La maniobra fraudulenta por dos legisladores provinciales, que presentaron una denuncia penal en la fiscalía de Choele Choel contra el intendente Víctor Hugo Mansilla (UCR) y miembros de su gabinete.
El conflicto estalló esta semana, luego de que los legisladores Javier Acevedo y Fernando Frugoni (CC-ARI) presentaran una denuncia formal a las autoridades municipales por "cobros indebidos" vinculados a fotomultas emitidas cuando el radar estaba fuera de servicio por mandato legal. La presentación judicial apunta a la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.
Según los denunciantes, el municipio habría incurrido en una práctica engañosa: comenzó a intimar a usuarios por infracciones captadas antes de que el radar fuera autorizado nuevamente en febrero de este año. Esa omisión no es menor: hasta ese momento, el uso de cinemómetros estaba suspendido por la ley provincial 5726, aprobada a mediados de 2024, que ordenó dejar sin efecto todas las multas previas y adecuar los dispositivos a la nueva normativa de control vial.
Radar trucho
El caso del radar de Darwin estuvo siempre discutido, porque no tenía autorización nacional para funcionar y luego cuando fue autorizado, no contaba con las regulaciones del exigidas para su correcto funcionamiento, como la documentación del INTI que calibra las mediciones, como también la debida capacitación para el personal utilizado para su manipulación.
De todas maneras, pese a las inhabilitaciones, el municipio siempre intentó cobrar las multas. Además, como en su momento también lo hacia Chimpay y Belisle, enviaban intimaciones vía correo electrónico amparados en el desconocimiento de muchos automovilistas que preferían pagar y evitar un problema a futuro.
El nuevo accionar del municipio no es un hecho aislado, sino parte de un mecanismo que genera indignación entre los vecinos de la zona. Varios ciudadanos ya se manifestaron públicamente al recibir intimaciones por infracciones supuestamente cometidas en tramos donde la señalización es deficiente o las velocidades máximas no están debidamente informadas. En este caso, la gravedad radica en que ni siquiera estaba vigente el radar que captó esas supuestas faltas.
Para los legisladores, se trata de una práctica sistemática y deliberada para recaudar a costa de la vulneración de derechos. "Darwin se convirtió en un municipio que juega al borde de la estafa", lanzó Acevedo, quien ya había elevado sus quejas ante la Agencia de Seguridad Vial semanas atrás, sin obtener respuestas contundentes.
Radar encendido, confianza apagada
Paradójicamente, la denuncia penal se produjo apenas un día después de que el Boletín Oficial publicara un llamado a licitación para relanzar los sistemas de control de velocidad en toda la provincia, bajo un nuevo esquema de iniciativa privada. El objetivo era devolver transparencia y legalidad a los radares, luego de años de cuestionamientos por “zonas trampa” y convenios oscuros con empresas privadas.
Sin embargo, este nuevo capítulo protagonizado por Darwin reaviva las sospechas sobre el uso discrecional y recaudatorio de los dispositivos de control. La fiscalía de Choele Choel deberá determinar ahora si existió delito en la conducta del intendente Mansilla y sus colaboradores.