Las imágenes son impactantes. En un video que circuló en redes sociales, se observa a Franco Adrián Lautaro Flores, un joven de 26 años, arrancándose el suero de su brazo y desatando una ola de violencia dentro del hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti. Sin control, comenzó a golpear al personal de enfermería que intentaba asistirlo, generando una escena de caos y desesperación. A pesar de la brutalidad del ataque, la Justicia lo dejó en libertad tras la formulación de cargos, una decisión que ha generado indignación y una respuesta contundente por parte del gobernador Alberto Weretilneck.
Weretilneck no tardó en pronunciarse sobre el hecho, dejando en claro que el Estado no permitirá que estos actos de violencia se repitan. En su cuenta de X, el gobernador expresó con firmeza:
"Vamos a perseguir a quienes agredan a trabajadores de nuestros hospitales. No vamos a permitir que se sigan repitiendo actos de violencia dentro de nuestros hospitales".
Además, anunció que el Ministerio de Salud de Río Negro se presentará como querellante en la causa contra Flores, con el objetivo de garantizar que el ataque no quede impune. En su publicación, Weretilneck enfatizó:
"Esto es inadmisible. No puede ser que quienes se atreven a agredir a nuestros enfermeros, a nuestros médicos, a quienes trabajan para cuidarnos, puedan atacar su integridad y retirarse como si nada hubiera pasado".
El Estado como garante de justicia
La denuncia ya fue presentada, y el mandatario aseguró que utilizará todas las herramientas legales disponibles para evitar que este tipo de situaciones se naturalicen. Su mensaje fue claro: los hospitales son espacios de cuidado, no de violencia.
La decisión del gobernador de exponer públicamente a Flores y de impulsar acciones legales marca un precedente en la lucha contra la violencia en los hospitales. La comunidad médica y los trabajadores de la salud han manifestado su apoyo a la postura de Weretilneck, destacando la necesidad de mayor protección y sanciones ejemplares para quienes atenten contra su seguridad.
Este caso pone en evidencia la urgencia de reforzar las medidas de seguridad en los centros de salud y de garantizar que los agresores enfrenten consecuencias reales. La sociedad espera que la intervención del Estado logre justicia y evite que hechos similares vuelvan a ocurrir.