La nominación de Lucila Crexell para representar a la Argentina en Canadá ya dio su primer paso formal en el Senado. Sin embargo, en Neuquén la noticia no fue recibida como una simple designación de carrera, sino como el regreso de una controversia política que todavía genera enojo y desconfianza.
El expediente fue derivado a la Comisión de Acuerdos, instancia previa al debate y votación en el recinto. Pero el punto más conflictivo no pasa por los requisitos del cargo, sino por la lectura política que se hace de su figura en la provincia que alguna vez representó.
Ese malestar tiene una raíz precisa: su voto a favor de la restitución del Impuesto a las Ganancias durante el tratamiento de la Ley Bases. En Neuquén, donde el empleo petrolero y otros sectores de altos ingresos tienen fuerte peso económico y social, la medida fue interpretada como una carga directa sobre el trabajo.
La consecuencia política de aquella decisión fue inmediata. Crexell empezó a ser vista por amplios sectores como una dirigente que había dejado de priorizar los intereses neuquinos para acomodarse a la lógica de acuerdos construidos desde el poder nacional.
Con el correr de los meses, esa percepción se articuló con otra sospecha aún más delicada: la de que su voto favorable pudo haber sido parte de una negociación que hoy encontraría como correlato la embajada en Canadá. Aunque no exista una confirmación oficial, esa versión logró instalarse con fuerza.
Por eso, el tratamiento del pliego no será neutro. Lo que se discute no es sólo una designación diplomática, sino también el mensaje político que implica promover a una figura sobre la que todavía pesa, en Neuquén, una acusación que no se apagó: la de haber traicionado a quienes debía defender.
