El Gobierno de Neuquén continúa a paso firme en su política de despedir de la Administración Pública a los trabajadores y funcionarios o exfuncionarios que incurran en conductas inapropiadas, tales como no asistir a sus lugares de trabajo de forma injustificada o cometer actos vinculados con la corrupción en el Estado.
En este contexto, en las últimas horas se conoció el despido definitivo del Estado del extitular del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), Rodolfo Kaiser, quien fuera además excandidato a diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino (MPN).
El anuncio lo hizo el propio gobernador Rolando Figueroa durante una recorrida por obras que encabezó ayer en San Martín de los Andes. El mandatario afirmó que Kaiser no solamente cobró sin trabajar, sino que pretendía una jubilación por parte del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).
“Veíamos políticos con jubilaciones de privilegio, algo que eliminamos al comienzo de la gestión; alquileres de camionetas que no eran necesarias; ñoquis por todos lados, hoy justamente echamos a uno que manejó Vivienda por muchos años y cobró por mucho tiempo sin trabajar. Buscaba además sacar una jubilación de todos los neuquinos”, expresó al respecto Figueroa en clara alusión a Kaiser.
Además manifestó: “Los fondos que administra la Provincia son de todos, no de un sector privilegiado de la ciudadanía. Por eso es bueno que se hayan eliminado las jubilaciones de privilegio, que se eche a los ñoquis que no van a trabajar e igual cobran, ¿cómo se siente el que va a trabajar todos los días? Creo que son hechos importantes y estamos devolviendo el pensamiento de que la dignidad es lo principal para el ser humano”.
Rodolfo Kaiser fue condenado en mayo de 2018 por el Tribunal de Cuentas de la Provincia a pagarle al Estado $11.280.055 por no haber justificado una serie de gastos durante 2011.
Kaiser fue objeto de una causa judicial por supuestas irregularidades en contrataciones para obras públicas durante su gestión al frente del IPVU, y ahora llegó su despido de la Administración Pública en el marco de la política de tolerancia cero contra la corrupción que pregona el Ejecutivo que conduce Figueroa desde diciembre del 2023.
