Tras descubrir que un vecino había realizado una tala ilegal de 15 arrayanes y cuatro coihues jóvenes, además de la multa de $66 millones que deberá pagar el propietario, el municipio de Villa La Angostura dispuso una serie de sanciones y medidas de reparación ambiental.
Los inspectores detectaron la tala de arrayanes protegidos, la remoción de cuatro coihues jóvenes y movimientos de suelo realizados sin autorización ni expediente de obra vigente. Según los informes técnicos, la construcción del camino interno provocó la formación de taludes y dejó expuestas las raíces de otros ejemplares nativos, afectando su estabilidad y estado de conservación.
El terreno se ubicaba sobre la costa del lago Correntoso y la situación fue detectada durante una inspección realizada el 23 de abril de 2026, cuando se constató la apertura de un camino sin autorización y la extracción de especies nativas protegidas. Debido al valor ecológico, paisajístico y cultural de los árboles afectados, el hecho fue considerado una infracción de gravedad.
Qué impusieron al propietario
La resolución establece una multa de $66.950.000 y obliga a los responsables a llevar adelante una reforestación compensatoria con 57 ejemplares nativos. Entre ellos, deberán incorporarse al menos 20 arrayanes de porte mediano, mientras que el resto corresponderá a otras especies autóctonas destinadas a recuperar la biodiversidad del sector.
El plan deberá ser elaborado por profesionales habilitados y ajustarse a criterios técnicos y científicos acordes a las características del área intervenida.
Las acciones de recomposición también contemplan la recuperación del terreno alterado, la protección de los árboles que permanecen en el lugar y un monitoreo técnico prolongado para asegurar el desarrollo y la supervivencia de la nueva vegetación.
El seguimiento incluirá controles periódicos, tareas de mantenimiento e informes sobre la evolución de la cobertura vegetal, mientras que el expediente permanecerá abierto hasta que el municipio verifique la restauración efectiva del ecosistema afectado.
Por disposición del Tribunal Municipal de Faltas, los responsables deberán presentar y ejecutar un Plan de Recomposición Ambiental bajo supervisión oficial.
