EL ULTIMO DNU PRESIDENCIAL
Un decreto que cambia una ley que no se quiso cambiar
Según explicaron dos funcionarias de gobierno, el DNU de Alberto Fernández que permitiría comprar otras vacunas, modificará la Ley. Es algo cuestionable, e incluso anticonstitucional.
No es lógico que un Decreto de Necesidad y Urgencia habilite algo, como el contrato con productoras de las vacunas Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, que supuestamente la Ley de Vacunas no hacía. Un decreto, aunque sea de “necesidad y urgencia”, jamás debería poder modificar una ley.
De cualquier manera, sería una buena noticia que tales vacunas lleguen, y que lleguen abundando en cantidad, junto a las chinas, la rusa, la cubana y todo aquel medicamento contra la peste que se invente sobre la faz de la Tierra, pues el gran problema de Argentina, ya en julio de 2021, es haber vacunado a poco más de 9 por ciento de la población con dosis completa, cuando las vacunas comenzaron a estar disponibles a fines del año pasado.
¿Qué fue lo que dijo el gobierno sobre el DNU, este viernes? Las explicaciones las dieron, en la Casa Rosada, la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, al anticipar que “la herramienta legal” -según Télam- será publicada mañana en el Boletín Oficial. Antes de la medianoche, ya había trascendido completo el texto, por supuesto.
La normativa crea un Fondo de Reparación Covid-19 para responder al pago de indemnizaciones ante la eventualidad de que alguna persona pueda ser dañada por la aplicación de una vacuna; e Ibarra adelantó que se establecerán modificaciones a la ley 27.573 que regula la adquisición de vacunas contra la Covid-19, tanto en lo que son "contratos bilaterales, como mecanismo Covax y donaciones".
Ese punto, precisamente, es bastante raro para la normalidad institucional, pues indica que se modificará la ley por un decreto, cuando el mecanismo debería ser un trámite en el mismo Congreso, con la votación de diputados y senadores, que son los representantes del pueblo elegidos para legislar. Cuando se planteó este tema, fue el oficialismo del actual gobierno el que se opuso a ese cambio.
La secretaria Legal y Técnica dejó bien en claro que el DNU incluirá modificaciones a la normativa vigente, y que una de ellas será la supresión de "la negligencia como supuesto de responsabilidad para los fabricantes de vacunas Covid 19", y dijo que en su lugar el Estado establecerá "el modo en que recibe conforme las vacunas".
El término negligencia fue considerado por representantes de laboratorios como uno de los obstáculos para la provisión de vacunas.
Ahora será eliminado, por otra negligencia, parece que aceptada por todos, o, al menos, tolerada en función de la emergencia sanitaria, que todo justifica, aunque no esté bien.
