SanCor, una de las principales cooperativas lácteas del país, oficializó el 16 de abril su pedido de quiebra ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito N°5 en lo Civil y Comercial de Rafaela. La solicitud fue presentada por el presidente del Consejo de Administración, Oscar Juan Sapino, junto con su abogado Mariano David Vainman, y ahora la decisión final recae en el juez Marcelo Germán Gelcich.
En el escrito, SanCor solicita la “declaración de propia quiebra por frustración del concurso preventivo”, proceso que se inició en febrero de 2025. El pedido formaliza una situación que ya había trascendido en medios gremiales, pero que ahora se encuentra incorporada oficialmente al expediente judicial.
El acta interna de la asamblea del Consejo de Administración del 8 de abril revela el severo estado financiero de la cooperativa. En ella se admite que SanCor “técnicamente se encontraría en cesación de pagos” y que enfrenta la “imposibilidad de poder realizar cualquier tipo de propuestas de acuerdo preventivo dentro del concurso”.
El documento detalla que el relanzamiento de la empresa tras la apertura del concurso se vio obstaculizado por la imposibilidad de reactivar completamente su actividad industrial, lo que impidió financiarse con su propio flujo de fondos. Esta limitación provocó un aumento del pasivo post-concursal que, según la cooperativa, “conllevaba ineludiblemente la quiebra”.
El acta subraya que en la actualidad SanCor “ya no puede cumplir regularmente con sus obligaciones, sin recurrir a medios ruinosos o que agraven su situación”, describiendo una insolvencia estructural que complica aún más su situación.
En la presentación judicial, la empresa complementa este diagnóstico afirmando que no ha logrado recomponer su operación ni generar ingresos suficientes, a pesar de haber realizado varios intentos, incluso estableciendo acuerdos productivos con terceros que no lograron superar las restricciones financieras estructurales.
Asimismo, se señala un contexto de restricciones crediticias, falta de capital de trabajo y una estructura de costos insostenible, que ha derivado en la “imposibilidad de atender regularmente las obligaciones exigibles”, incluyendo salarios, compromisos fiscales y deudas comerciales. La acumulación de deuda post-concursal y la presión de numerosos acreedores, con múltiples pedidos de quiebra en trámite, agravan el panorama.
La cooperativa concluye que el proceso preventivo quedó “frustrado” y que no es viable presentar una propuesta de pago que pueda cumplirse. En paralelo, SanCor convocó a una asamblea extraordinaria para el 30 de abril, con el fin de ratificar la decisión del Consejo de Administración, una medida que busca respaldar institucionalmente esta decisión extrema en un contexto financiero y operativo muy deteriorado.
Con el pedido formalizado, ahora la Justicia deberá evaluar si declara la quiebra, lo que implicaría que SanCor pase de un proceso de reestructuración a una etapa de liquidación bajo supervisión judicial. En ese escenario, los activos de la cooperativa —incluyendo plantas industriales y marcas— quedarían bajo administración de un síndico, quien podría avanzar en su venta para satisfacer a los acreedores.
También existe la posibilidad de mantener una continuidad limitada en la explotación de la empresa para preservar su valor, aunque los recientes intentos de sostener la operación no lograron revertir la crisis.
SanCor acumula una deuda cercana a los 120 millones de dólares y tiene más de 1.500 acreedores verificados. Además, según el gremio Atilra, adeuda salarios y aguinaldos correspondientes a ocho meses, lo que complica aún más la situación laboral.
Actualmente, la actividad de la cooperativa se mantiene en niveles mínimos, con plantas funcionando parcialmente o a través de acuerdos con terceros, sin lograr superar la crisis operativa. Con el ingreso formal del pedido de quiebra, el proceso ha dado un paso decisivo: la quiebra ya no es una posibilidad en discusión, sino una solicitud concreta que la Justicia deberá resolver en el corto plazo.
