La disputa entre L-Gante y Tamara Báez por la manutención de su hija Jamaica volvió a ser noticia esta semana, luego de que el abogado de la joven, Juan Pablo Merlo, solicitara a la Justicia que le prohíba al cantante salir del país. ¿El motivo? Asegurar que cumpla con sus obligaciones económicas con la pequeña de tres años.
Uno de los puntos más llamativos del conflicto es la revelación del monto que Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, le transfiere mensualmente a Tamara Báez para la crianza de Jamaica. Según declaraciones del propio letrado, el artista le estaría pasando alrededor de 700 mil pesos por mes. La cifra generó controversia, especialmente cuando se la compara con los valores oficiales publicados por el Indec.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos establece periódicamente el costo de la llamada “Canasta de Crianza”, una referencia que detalla cuánto cuesta mantener a un menor de edad en Argentina según su franja etaria. Este cálculo se divide en dos componentes: el gasto en bienes y servicios esenciales, y el valor del tiempo de cuidado que implica la atención del niño o niña.
A partir del informe correspondiente a mayo, se estima que criar a un niño de entre 1 y 3 años demanda un total de 487.908 pesos mensuales: 162.436 pesos en bienes y servicios y 325.473 en cuidados. Al cumplir cuatro años, como lo hará Jamaica en septiembre, ese costo baja a 410.302 pesos.
Frente a estas cifras, los 700 mil pesos mensuales que envía el cantante podrían parecer más que suficientes. Sin embargo, desde el entorno legal de Tamara afirman que ese monto no refleja la realidad económica de L-Gante. “Si a él le va bien, a la nena también le tiene que ir bien”, expresó Juan Pablo Merlo, dejando en claro que exigen una suma proporcional a los ingresos del músico.
Además, el abogado fue tajante: los valores del Indec deben considerarse un piso, no un techo. Esto significa que se espera que los progenitores con mayores recursos aporten más allá de lo básico, permitiendo así un desarrollo integral del menor sin que le falte nada.
En este contexto, también surgió el reclamo por ciertas irregularidades en los pagos, ya que según fuentes cercanas a Tamara Báez, en algunas ocasiones los depósitos no se realizaron a tiempo o fueron incompletos. Esta situación generó malestar y alimentó el pedido de una resolución judicial más estricta.
Mientras tanto, la medida cautelar que impida al cantante viajar al exterior sigue en evaluación judicial. Lo cierto es que, más allá de los números, el debate vuelve a poner sobre la mesa el derecho de los niños a una vida digna y sin carencias.
La historia entre L-Gante y Tamara Báez no es nueva, pero esta nueva instancia judicial suma un capítulo más a una relación atravesada por tensiones públicas, reproches y reclamos legales que, por ahora, no parecen tener una solución definitiva a la vista.