Las relaciones diplomáticas y comerciales entre las dos mayores economías de América entraron en una fase de extrema tensión luego de que el Gobierno de Brasil repudiara enérgicamente la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles del 25% a una amplia variedad de productos brasileños. El gravamen punitivo, que entrará en vigor el próximo 22 de julio fundamentado en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, afectará a sectores clave como el acero, el azúcar, la maquinaria agrícola y las prendas de vestir. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reaccionó de inmediato calificando la medida unilateral de "sin justificación alguna" y anunció que su administración activará mecanismos de reciprocidad comercial, además de llevar la disputa formalmente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El conflicto de fondo expone un fuerte choque de posturas técnicas e ideológicas. Mientras que el representante comercial estadounidense, Jamieson Green, y el secretario de Estado, Marco Rubio, justificaron las tarifas alegando que Brasil incurre en "prácticas desleales" y que el gobierno de Lula "no ha negociado de buena fe", desde el Palacio de Planalto esgrimieron cifras contundentes para rebatir las acusaciones. La diplomacia brasileña recordó que Estados Unidos acumula un superávit comercial con Brasil de 424.500 millones de dólares en los últimos 15 años y defendió con firmeza sus políticas sobre plataformas digitales y su sistema de pagos instantáneos frente a los cuestionamientos de Washington, destacando que el propio sector privado de ambos países se había manifestado mayoritariamente en contra de las sanciones en las audiencias previas.
Sin embargo, la escalada no solo es externa, sino que también ha dinamitado la política doméstica brasileña. En un durísimo comunicado oficial difundido en sus redes sociales, el gobierno de Lula da Silva acusó de forma directa al entorno del exmandatario Jair Bolsonaro de operar tras bambalinas en favor de las sanciones estadounidenses para perjudicar la economía del país con fines electorales, tildándolos de "falsos patriotas". Este condimento político profundiza un escenario ya de por sí crispado, marcado por descalificaciones previas entre Lula y Marco Rubio, y por la reciente e incómoda designación por parte de Washington de dos agrupaciones criminales brasileñas bajo el rótulo de organizaciones terroristas.
