El gobierno de Colombia comenzó a mensurar la verdadera dimensión de la catástrofe que provocó el violento sismo del pasado 10 de agosto. Durante una alocución pública, el presidente Abelardo De la Espriella reveló los resultados de una auditoría privada encargada de evaluar las pérdidas físicas directas en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas. Según las estimaciones oficiales, la tarea de reconstrucción demandará al menos 30 billones de pesos colombianos —equivalentes a unos 9.500 millones de dólares—, un monto sin precedentes que refleja la magnitud del desastre estructural en el occidente del país.
El desglose técnico del informe ubica la prioridad absoluta en la infraestructura habitacional y urbana. De la suma global, aproximadamente 24,5 billones de pesos (US$ 7.800 millones) se destinarán de manera directa a la edificación de viviendas e inmuebles colapsados, mientras que los restantes 5,5 billones de pesos (US$ 1.700 millones) se orientarán a reparar vías de comunicación, redes eléctricas y servicios esenciales destruidos. "Imagínense ustedes la dimensión del desastre", graficó el mandatario para ilustrar el colossal reto financiero y logístico que deberá encarar su administración en los próximos meses.
A la par de las proyecciones económicas, el Poder Ejecutivo busca unificar el reporte de víctimas fatales bajo estrictos criterios de verificación. De la Espriella ajustó el saldo preliminar a 289 personas fallecidas —corrigiendo los 304 reportados previamente por Medicina Legal—, junto a un registro de 4.187 heridos y 143 desaparecidos. Con más de 26.000 viviendas reducidas a escombros y cerca de 127.000 edificaciones dañadas, el país andino enfrenta una de las peores crisis humanitarias y de infraestructura de su historia reciente.
