La Corte Penal Internacional atraviesa la mayor crisis institucional de su historia tras la destitución inmediata de su fiscal general, Karim Khan, removido del cargo luego de que una funcionaria del tribunal presentara una denuncia formal por agresión sexual ocurrida en un contexto laboral dentro de la propia CPI. El Comité de Ética del organismo intervino tras recibir la denuncia y consideró que existían elementos suficientes para activar un procedimiento disciplinario de urgencia, que derivó en una decisión extraordinaria de la Asamblea de Estados Parte —el órgano supervisor del tribunal— de proceder con la remoción inmediata en lugar de una suspensión temporal. La gravedad del episodio y el contexto institucional del momento determinaron esa decisión: mantener a Khan en funciones mientras avanzaba la investigación habría dañado la credibilidad de un tribunal que tramita causas de altísimo perfil político, incluyendo las órdenes de arresto contra dirigentes de Rusia, Israel y Hamás.
La salida de Khan, elegido en 2021 para un mandato de nueve años, obliga a activar un mecanismo de sucesión extraordinario que podría incluir la designación de un fiscal interino mientras la Asamblea inicia un proceso acelerado para cubrir la vacante. La decisión fue precedida por intensas consultas diplomáticas entre cancillerías, con posiciones divididas: algunos países defendían la necesidad de preservar la presunción de inocencia del fiscal antes de removerlo, mientras otros advertían que el costo reputacional de mantenerlo en el cargo era inaceptable. Según Le Monde y Der Spiegel, el peso de este segundo argumento terminó siendo determinante. Khan había impulsado durante su gestión investigaciones de fuerte impacto político, entre ellas las vinculadas al conflicto en Ucrania y al de Gaza, y su salida podría reconfigurar las prioridades internas del tribunal dependiendo del perfil de su sucesor.
En América Latina, la destitución genera inquietud por el impacto sobre expedientes abiertos en la región, especialmente los relacionados con Venezuela, Colombia y Centroamérica. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional celebraron la rapidez del procedimiento como señal de que la CPI aplica sus estándares éticos sin excepciones, pero advirtieron que el escándalo no debe ser utilizado por gobiernos críticos del tribunal —como Rusia o Israel, cuyos dirigentes enfrentan órdenes de arresto— para desacreditar su labor o justificar intentos de recortar su independencia. La paradoja es evidente: el tribunal creado para juzgar los crímenes más graves contra la humanidad deberá ahora reconstruir su autoridad moral desde adentro, en un momento en que el mundo más necesita de instituciones internacionales con credibilidad intacta.
