En un encendido discurso ante la Asamblea de Estados Parte de la Corte Penal Internacional (CPI), la Argentina reclamó una intervención “inmediata” del tribunal frente al agravamiento de la situación en Venezuela y pidió avanzar con órdenes de arresto contra los responsables de los presuntos crímenes de lesa humanidad atribuidos al gobierno de Nicolás Maduro. La intervención desencadenó una dura respuesta de Caracas y tensó el inicio de la sesión en La Haya.
El representante argentino ante la CPI, Diego Emilio Sadofschi, sostuvo que el escenario venezolano “se ha deteriorado aún más” tras las elecciones consideradas fraudulentas de 2024, y remarcó que desde que la Fiscalía anunció en 2021 el cierre del examen preliminar, “ha habido escasos avances”. Ante el plenario, denunció detenciones arbitrarias, tratos inhumanos y otras violaciones atribuidas al régimen, y advirtió que la magnitud de los crímenes exige investigaciones rápidas y rigurosas. También subrayó que avanzar con el caso es indispensable para evitar que "la falta de resultados prolongue el sufrimiento de las víctimas" y para preservar la credibilidad del sistema internacional de justicia.
La respuesta venezolana fue inmediata y contundente. El embajador Héctor Constant Rosales acusó a la Argentina de “politizar” la conferencia y de “atacar de forma inoportuna” la legitimidad del gobierno de Maduro. Calificó de “vergonzosa” la postura argentina en organismos multilaterales y aseguró que Buenos Aires ha votado recientemente en contra de resoluciones sobre derechos humanos, incluso una vinculada a la tortura aprobada el 20 de noviembre. Según Caracas, esa posición convierte al gobierno argentino en un “falso defensor de derechos humanos”.
El cruce marcó el tono de una semana clave para la Corte, que evalúa el estado de sus investigaciones y el nivel de cooperación de los Estados, especialmente en torno a la ejecución de órdenes de arresto. En paralelo, la Fiscalía de la CPI confirmó el cierre de su oficina en Caracas, alegando la falta de “progreso real” en los compromisos que debía asumir el sistema judicial venezolano para evitar la intervención del tribunal. La Corte recordó que en 2023 ya había rechazado los intentos de Venezuela por frenar el avance del caso, al considerar insuficientes las acciones locales para investigar las denuncias de abusos.
Frente a las críticas, Sadofschi aclaró que la decisión argentina de no bloquear el consenso en la Asamblea “no debe interpretarse como un gesto hacia Venezuela”, sino como una muestra del compromiso del país con la CPI y con el funcionamiento del sistema internacional, especialmente en las negociaciones vinculadas a Estados con deudas pendientes.
La investigación sobre Venezuela —iniciada en 2018 y formalizada en 2021— abarca presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017, entre ellos torturas, persecución política y detenciones arbitrarias. Con el pedido argentino sobre la mesa y la respuesta venezolana replicando con fuerza, la discusión promete seguir escalando en un tribunal que enfrenta uno de los expedientes más sensibles de su historia reciente.
