El Ministerio Público de Paraguay imputó este sábado 7 de noviembre al expresidente Santiago Peña por los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio, en el marco de la investigación por el caso Ueno Bank. Además, solicitó que continúe detenido mediante una medida de prisión preventiva y pidió la inhibición de sus bienes.
La presentación fiscal se produjo en Asunción, después de que Peña compareciera ante los investigadores para realizar su descargo. La imputación representa un nuevo avance judicial en una crisis que tuvo consecuencias políticas inmediatas: el viernes, el Congreso paraguayo lo destituyó mediante un juicio político.
El pedido de prisión preventiva todavía debe ser evaluado por el juzgado competente. Por lo tanto, la imputación no equivale a una condena ni significa que la Justicia ya haya confirmado esa medida cautelar.
La Fiscalía pidió prisión preventiva y medidas sobre sus bienes
La acusación contra Peña contempla dos figuras penales: lesión de confianza y administración en provecho propio. La investigación busca determinar su eventual responsabilidad en las operaciones financieras vinculadas con Ueno Bank, entidad de la que había sido accionista.
Además de solicitar la prisión preventiva, el Ministerio Público requirió medidas patrimoniales para evitar que los investigados puedan disponer de sus bienes mientras avanza la causa.
Entre los pedidos se encuentra la inhibición general de enajenar y gravar bienes, junto con la identificación de cuentas bancarias, depósitos, inversiones y otros activos financieros.
La investigación también involucra al expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, quien fue imputado en el mismo expediente por presuntos delitos relacionados con su actuación en el caso.
Qué investiga la Justicia en el caso Ueno Bank
La causa busca esclarecer presuntas irregularidades financieras relacionadas con la entidad bancaria, su estructura empresarial y la colocación de recursos públicos y previsionales.
Uno de los puntos centrales es la relación económica y corporativa que Peña mantuvo con el grupo empresario vinculado a Ueno Bank, así como las decisiones adoptadas durante su gestión presidencial respecto de los fondos depositados en esa entidad.
La investigación también alcanza los mecanismos de autorización, regulación y supervisión del banco por parte del Banco Central del Paraguay.
En ese contexto, los fiscales buscan establecer si existieron intervenciones indebidas, beneficios particulares o perjuicios económicos derivados de las operaciones investigadas.
La imputación también alcanza al expresidente del Banco Central
La investigación no se limita a Peña. También fue imputado Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, quien estuvo al frente del Banco Central del Paraguay y quedó bajo la lupa de la Justicia por su intervención en los mecanismos de regulación y supervisión de Ueno Bank.
A Carvallo se le atribuyen presuntos delitos de lesión de confianza, administración en provecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso.
La presentación fue realizada por un equipo integrado por los fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez. Según la información difundida por la prensa paraguaya, ambos investigados se abstuvieron de declarar durante sus respectivas audiencias indagatorias.
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Una crisis bancaria que terminó con la salida de Peña
La imputación judicial es el capítulo más reciente de una crisis que comenzó con los problemas financieros de Ueno Bank y terminó provocando una profunda reconfiguración política en Paraguay.
La entidad fue intervenida luego de detectarse graves problemas de solvencia. La situación dejó a millones de clientes con dificultades para acceder a sus depósitos y generó protestas de ahorristas, trabajadores y sectores afectados por la interrupción de las operaciones bancarias.
El escándalo también puso bajo la lupa los vínculos entre el grupo empresario propietario de la entidad y Santiago Peña, quien había tenido participación accionaria en el conglomerado.
La investigación busca determinar si existieron decisiones o intervenciones desde el Poder Ejecutivo que favorecieron la permanencia de recursos públicos y previsionales en el banco, pese a los cuestionamientos sobre su situación financiera.
El conflicto tuvo consecuencias institucionales inmediatas. El viernes 6 de noviembre, el Congreso paraguayo destituyó a Peña mediante un juicio político por mal desempeño de sus funciones. Tras su salida, el vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia para completar el mandato constitucional.
La situación convirtió al caso Ueno Bank en una crisis que atraviesa simultáneamente los planos financiero, judicial y político.
Qué puede pasar ahora con Santiago Peña
La situación procesal del exmandatario dependerá de las decisiones que adopte el juzgado penal competente.
Los fiscales solicitaron la prisión preventiva y medidas para restringir la disposición de sus activos patrimoniales. La autoridad judicial deberá analizar los fundamentos de esos requerimientos y resolver si corresponde concederlos.
Mientras tanto, el Ministerio Público continuará reuniendo documentación financiera, informes técnicos y otros elementos para determinar las responsabilidades que pudieran surgir de las operaciones investigadas.
La causa también tiene una dimensión institucional: busca establecer si existió una utilización irregular de recursos públicos y previsionales en una entidad financiera que mantenía vínculos económicos con el entorno del exmandatario.
La imputación abre una nueva etapa en el expediente: Peña ya no enfrenta solamente las consecuencias políticas de su destitución, sino también una investigación penal que puede derivar en nuevas decisiones judiciales.
