El presidente Emmanuel Macron promulgó la ley sobre el derecho a la "ayuda a morir" tras su publicación en el Diario Oficial de Francia, cerrando un proceso que comenzó con la aprobación parlamentaria definitiva el 15 de julio y la validación del Consejo Constitucional el 14 de agosto.
La norma legaliza una forma de eutanasia y suicidio asistido para adultos con nacionalidad francesa o residencia en el país que padezcan enfermedades graves e incurables en fase avanzada o terminal, con un proceso irreversible de deterioro de la salud y un sufrimiento físico o psicológico que no pueda ser aliviado o que el paciente considere insoportable tras haber decidido rechazar o detener un tratamiento.
Una condición central es que el solicitante tenga "plena capacidad de discernimiento" y sea capaz de manifestar su voluntad de forma libre y consciente en el momento de realizar la solicitud. El proceso debe formalizarse por escrito, someterse a una evaluación colegiada y el médico tiene 15 días para responder; si aprueba la solicitud, el paciente debe confirmar su decisión tras un período mínimo de reflexión de dos días.
Con la promulgación, Francia se incorpora a la reducida lista de países que autorizan la muerte asistida, junto a Bélgica, Países Bajos, Suiza, Canadá y Uruguay —que aprobó su marco el año pasado. La ley cumple una promesa que Macron realizó cuando fue reelegido en 2022, y la presidencia francesa calificó la validación constitucional como "el broche de oro a un debate democrático ejemplar".
El Consejo Constitucional, sin embargo, indicó que algunas disposiciones requieren aclaración, en particular la "cláusula de conciencia" que permite a los profesionales de la salud negarse a participar en el procedimiento: la máxima autoridad constitucional precisó que esa cláusula debe aplicarse también a los centros de salud privados donde la muerte asistida sea "manifiestamente contraria" a su misión, siempre que no sean los únicos establecimientos capaces de satisfacer las necesidades locales.
La aprobación de la ley en Francia cierra un debate que se extendió por años y que dividió a la sociedad francesa entre quienes ven en la muerte asistida un derecho inalienable a decidir sobre el propio final y quienes —especialmente en la comunidad médica y los sectores religiosos— temen la "banalización del acto" y sus consecuencias para los más vulnerables.
La promulgación llega además en el mismo año en que el papa León XIV planea visitar Francia en septiembre, en un país donde el debate sobre el final de la vida ha sido uno de los más intensos del debate público reciente. El texto excluye expresamente el sufrimiento puramente psicológico sin patología física grave subyacente como criterio de acceso, una restricción que marca la diferencia con legislaciones más amplias como la belga o la holandesa, y que refleja el intento francés de encontrar un equilibrio entre el derecho a morir con dignidad y la protección de quienes podrían ser vulnerables a presiones indebidas.
