El Poder Judicial de Chile confirmó que Bernarda Rosalba Vera Contardo, registrada durante más de cinco décadas como detenida desaparecida de la dictadura de Augusto Pinochet, está viva y reside actualmente en la ciudad bonaerense de Miramar.
Un análisis de ADN realizado por el Servicio Médico Legal, tras casi diez meses de investigación, comparó el perfil genético de la mujer con las muestras almacenadas en el Banco Genético de Familiares de Detenidos y Ejecutados Políticos y arrojó una probabilidad de identificación superior al 99,9999%. El ministro en visita para causas de Derechos Humanos, Álvaro Mesa Latorre, informó personalmente el resultado a los familiares de Vera Contardo y dispuso que el informe pericial permanezca bajo carácter reservado por la protección de datos personales, mientras la causa continúa bajo secreto de investigación.
Vera, que tenía 27 años cuando fue arrestada en octubre de 1973 acusada de participar en un asalto a un retén policial en Neltume, había sido incluida en el Informe Rettig de 1991 como víctima de desaparición forzada, con la presunción de que fue ejecutada en el puente Villarrica sobre el río Toltén.
La historia comenzó a modificarse en septiembre de 2025, cuando un equipo periodístico de Chilevisión la localizó en Miramar tras una investigación enmarcada en el Plan Nacional de Búsqueda lanzado por el gobierno de Gabriel Boric.
La mujer, que tenía una fecha de nacimiento coincidente con la registrada en Chile, optó por no brindar declaraciones: cuando fue abordada por la periodista respondió con un breve "No, no" y, a través de su familia, expresó que únicamente deseaba vivir en paz. La reconstrucción que emerge de la investigación indica que Vera habría logrado escapar tras los hechos de 1973 junto a un grupo de sobrevivientes encabezado por el ciudadano sueco Svante Grände, cruzado la cordillera hacia Argentina y radicado posteriormente en Suecia, donde documentación migratoria acredita que obtuvo residencia en 1978 y más tarde la ciudadanía sueca, antes de regresar a vivir en Argentina.
El caso tiene una dimensión histórica que va más allá de la historia individual: durante más de cinco décadas, el Estado chileno reconoció a Bernarda Vera oficialmente como víctima de violaciones a los derechos humanos, su nombre figuraba en el Informe Rettig, en el registro oficial de desaparecidos y en los archivos del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, y su familia continuó buscándola sin obtener respuestas. La dictadura de Pinochet dejó más de 40.000 víctimas entre ejecutados, desaparecidos, presos políticos y torturados.
