Francia enfrenta una nueva y masiva jornada de protestas y movilizaciones sociales convocadas por una heterogénea coalición que incluye a colectivos estudiantiles, autoconvocados de la "Generación Z", campesinos, profesores, jubilados y referentes históricos del movimiento de los "chalecos amarillos".
Bajo la consigna "Amarillos y Jóvenes", la convocatoria impulsó cerca de 1.500 acciones descentralizadas en todo el territorio nacional, abarcando bloqueos en centros comerciales, estaciones de transporte, peajes y rotondas. Las demandas combinan reclamos sectoriales por mayor presupuesto para la educación pública y los hospitales frente al gasto militar, el rechazo al encarecimiento del costo de vida y el descontento general acumulado al término del mandato del presidente Emmanuel Macron.
Ante el carácter descentralizado y las convocatorias no notificadas difundidas a través de redes sociales, el Ministerio del Interior desplegó un vasto operativo de seguridad que contabilizó más de noventa marchas oficiales y unas quinientas acciones de protesta.
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, advirtió que las fuerzas del orden se encuentran en máxima alerta y autorizó el uso prudente de granadas aturdidoras en caso de registrarse disturbios urbanos graves, luego de la fuerte polémica generada semanas atrás por las lesiones sufridas por un estudiante. Pese a que las primeras horas transcurrieron con bloqueos puntuales en ciudades como Rennes, Marsella y Lyon, los analistas y las autoridades gubernamentales —reunidas en célula de crisis bajo la coordinación del primer ministro Sébastien Lecornu— temen una escalada de violencia en las concentraciones vespertinas.
La agitación social en las calles francesas coincide con el inicio de las dos semanas de vacaciones escolares de otoño y se produce a solo seis meses de los comicios presidenciales destinados a definir al sucesor de Macron.
Las movilizaciones replican en parte el espíritu de las protestas que paralizaron el país entre 2018 y 2019, sumando ahora el fuerte activismo de los liceos y estudiantes universitarios que en las últimas semanas han protagonizado recurrentes paros. Mientras los sindicatos y los organizadores estiman una participación que podría superar los doscientos mil manifestantes a nivel nacional, la presión en las calles pone a prueba la capacidad de respuesta del Ejecutivo en un escenario político altamente polarizado.
