El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, eliminó cualquier apariencia democrática restante en su gobierno al declarar durante el acto por el 47° aniversario de la Revolución Sandinista que "aquí no volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno y atrapar el poder". La declaración cancela de facto los comicios previstos para noviembre de 2027 —ya postergados por una reforma constitucional que amplió el mandato presidencial de cinco a seis años— y consolida el control de Ortega y su esposa y copresidenta Rosario Murillo sobre un país en el que gobiernan con puño de hierro desde hace casi 20 años. "Se acabó la historia de que los partidos puestos por los 'yanquis' vuelvan a llegar al Gobierno. Jamás, jamás, jamás", agregó Ortega, en un desafío directo a Washington. El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, fue categórico: "El régimen nicaragüense ha hecho ahora explícito lo que sus acciones venían demostrando desde hace tiempo: ha abandonado la democracia, incluso la apariencia de ella".
La respuesta de Washington fue inmediata y amenazante. El secretario de Estado Marco Rubio condenó el anuncio como una muestra de la "verdadera naturaleza autoritaria" de Ortega y convocó a la comunidad internacional a "unir fuerzas" para demostrarle a la dictadura que "no puede esperar mantener una relación habitual con otras naciones mientras socava los principios fundamentales de nuestro hemisferio democrático". Según analistas consultados en Washington, el anuncio de Ortega podría acelerar la respuesta estadounidense: desde sanciones ampliadas contra familiares, funcionarios y empresas exportadoras hasta restricciones de visas coordinadas y sanciones secundarias a instituciones financieras que faciliten transacciones con el régimen. El principal punto de presión identificado es el oro, una de las principales exportaciones nicaragüenses y fuente clave de divisas para el gobierno. En abril, el Departamento del Tesoro ya había sancionado a cinco personas —incluyendo dos hijos de Ortega y Murillo— y siete empresas del sector aurífero.
La declaración de Ortega cierra un ciclo de consolidación autoritaria que comenzó con las protestas de 2018, reprimidas con una violencia que dejó cientos de muertos, y continuó con el encarcelamiento de todos los candidatos presidenciales de 2021 —incluidos seis líderes opositores que luego fueron deportados a Estados Unidos despojados de su ciudadanía y sus pertenencias. Al menos 46 personas permanecen presas por razones políticas, más de 5.000 organizaciones fueron clausuradas desde 2018 y el gobierno acaba de despojar masivamente de licencias a abogados en lo que expertos de la ONU calificaron como una "purga de la profesión jurídica". Para la Casa Blanca, que hasta ahora mantuvo a Nicaragua en un plano de menor atención que Venezuela o Cuba, el anuncio del domingo puede ser el detonante que eleve la presión sobre Managua a un nivel comparable al que aplicó sobre Caracas antes de la operación del 3 de enero.
