En medio de una profunda ebullición política y social, Santiago Peña anunció de manera oficial su renuncia a la Presidencia de Paraguay a través de un mensaje público difundido tras el colapso del Ueno Bank.
La decisión del jefe de Estado se produjo horas antes de que la Cámara de Diputados debatiera un libelo acusatorio para iniciar su juicio político por mala conducta y conflicto de intereses.
En su alocución, el exmandatario argumentó que su alejamiento busca garantizar la "estabilidad, la paz social y las instituciones democráticas del país", asegurando que ningún cargo puede estar por encima del bienestar nacional y comprometiéndose a priorizar la tranquilidad de los casi tres millones de ahorristas afectados por el cierre del banco en el que él mismo se había desempeñado como directivo.
El factor determinante que precipitó la salida de Peña fue el sorpresivo retiro del respaldo político por parte del expresidente Horacio Cartes, titular de la gobernante Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado) y principal promotor de su candidatura en 2023.
Cartes confirmó en sus redes sociales que las bancadas oficialistas votarían a favor de la destitución en el Congreso para reencauzar la institucionalidad republicana y desmarcar a la fuerza política del latrocinio de los fondos públicos y privados. La pérdida del sostén colorado garantizaba holgadamente la mayoría calificada de dos tercios requerida en la Cámara Baja para avanzar con el juzgamiento del mandatario y de su vicepresidente, Pedro Alliana.
La crisis institucional se desencadenó cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó la intervención y disolución del Ueno Bank tras constatar que su índice de solvencia se había desplomado por debajo del 50 % del mínimo legal.
Mientras Peña promulgó una ley de emergencia para acelerar la devolución de depósitos y la Fiscalía imputó a 27 directivos —solicitando la prisión preventiva del fundador Miguel Vásquez por operaciones irregulares entre 2025 y 2026—, Asunción fue escenario de protestas masivas impulsadas por clientes despojados de sus fondos. Con la vacancia del Poder Ejecutivo, el país inicia un complejo proceso de transición política bajo la supervisión de las autoridades parlamentarias.
