Un grupo compuesto por 35 legisladores de la oposición en el Congreso de Paraguay presentó una moción formal para impulsar el juicio político y la destitución del presidente Santiago Peña, bajo las acusaciones de mala conducta en la función pública y grave conflicto de intereses.
La arremetida parlamentaria se desencadenó tras la intervención impulsada por el Banco Central del Paraguay (BCP) sobre Ueno Bank, una de las entidades financieras más destacadas del país, de cuyo directorio el jefe de Estado formó parte antes de asumir la primera magistratura. Para que la iniciativa prospere y logre separar al mandatario de su cargo, la oposición deberá reunir un piso de 53 votos en la Cámara Baja durante los debates previstos para las próximas sesiones.
La intervención del organismo regulador se resolvió luego de comprobarse que el índice de solvencia de Ueno Bank se desplomó por debajo del 50 % del mínimo legal requerido, congelando los depósitos y desatando incertidumbre entre miles de ahorristas e instituciones públicas.
La sacudida institucional derivó inicialmente en la renuncia del titular del BCP, Carlos Carvallo —quien había presidido la financiera antecesora del banco antes de asumir el ente regulador— a pedido expreso del Poder Ejecutivo, siendo relevado en el cargo por Pedro De Jesús Acosta en un intento por restablecer la estabilidad del sistema financiero paraguayo.
Ante el creciente malestar social y el riesgo de contagio en el sector bancario, los clientes afectados permanecen a la espera de definiciones sobre la restitución de sus fondos.
La cobertura vigente del Fondo de Garantías de Depósitos alcanza hasta 75 salarios mínimos (unos 228,3 millones de guaraníes o 38.300 dólares), cifra que deja al descubierto los saldos de mayores volúmenes e incrementa la presión política sobre el Gobierno, que busca contener el costo del escándalo en el ámbito legislativo.
