Un total de 12.806 personas damnificadas por los terremotos del 24 de junio se encuentran alojadas en refugios o campamentos transitorios habilitados por las autoridades venezolanas, informó este lunes el vicepresidente sectorial para lo Social, Héctor Rodríguez, a través de Telegram. Los 80 campamentos constituidos hasta el momento —37 en Caracas, 22 en el estado de Miranda y 21 en La Guaira, la región más devastada— tienen una capacidad instalada para 17.642 personas, aunque los ubicados en La Guaira siguen en proceso de ampliación para responder a la demanda de una población que perdió sus viviendas en el colapso de 190 edificios. La diferencia entre las 12.806 personas efectivamente alojadas y las 17.345 que permanecen sin vivienda según el último balance oficial refleja que aún hay miles de damnificados que no han podido acceder a los refugios disponibles o que optaron por otras alternativas de alojamiento.
El balance general de la catástrofe se mantiene en 3.342 muertos, 16.740 heridos y 856 edificios afectados, con 995 réplicas registradas desde los sismos principales y más de 4.000 rescatistas internacionales operando sobre el terreno junto a casi 30.000 efectivos venezolanos y 27.000 voluntarios. La distribución geográfica de los campamentos refleja el epicentro del desastre: La Guaira, donde más de 100 edificios colapsaron en los primeros minutos, concentra la mayor parte de la devastación y sigue siendo el foco principal de las operaciones de rescate y asistencia humanitaria, con los refugios aún en expansión a once días de los sismos.
La cifra de 12.806 personas en campamentos formales es apenas una fracción del universo de afectados que proyectan los organismos internacionales. El Programa Mundial de Alimentos estima que la respuesta humanitaria deberá alcanzar a 500.000 personas en refugios, y la ONU coordina una operación que ya distribuyó más de 9.500 toneladas de alimentos y casi 670.000 litros de agua. La brecha entre la capacidad instalada de los campamentos oficiales y la magnitud real del desplazamiento interno es uno de los indicadores más claros de los límites de la respuesta gubernamental, que viene siendo cuestionada por damnificados y organismos internacionales desde los primeros días de la emergencia.
