La causa que investiga al exjefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito entró en una etapa decisiva. El fiscal federal Gerardo Pollicita le dio 15 días para responder un cuestionario de 20 puntos sobre el origen de sus bienes, gastos y movimientos financieros durante su paso por la función pública.
El requerimiento se produjo después de un análisis técnico incorporado al expediente, que detectó inconsistencias en la evolución patrimonial del exfuncionario y de su esposa, Bettina Angeletti. El estudio revisó ingresos, gastos, inversiones, declaraciones juradas y operaciones con criptomonedas.
La Justicia busca determinar si las diferencias detectadas pueden ser explicadas mediante ingresos legítimos, préstamos, operaciones financieras, herencias u otras fuentes de fondos declaradas por la familia.
La diferencia entre ingresos y gastos que analiza la Justicia
Uno de los principales puntos bajo análisis es la relación entre los ingresos y los gastos del grupo familiar durante el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023, cuando Adorni asumió en la función pública, y el 27 de junio de 2026, cuando dejó el cargo.
Según los datos consignados en la investigación, Adorni percibió 35 haberes durante ese período. Sumados a los ingresos de Angeletti, alcanzaron los $229.752.283,20.
En el mismo lapso, los gastos registrados llegaron a $272.820.832,20, una diferencia de $43.068.549.
A esa brecha se agregan gastos por US$402.578,12 que, de acuerdo con la Fiscalía, no tendrían hasta el momento un correlato suficiente con los ingresos lícitos acreditados.
La existencia de una diferencia no implica por sí misma que se haya cometido un delito. Precisamente, el objetivo de esta etapa es que el exfuncionario explique documentalmente el origen y destino de los fondos cuestionados.
Las 20 preguntas que deberá contestar Manuel Adorni
El cuestionario fiscal apunta a distintos aspectos de la situación económica del exfuncionario y de su grupo familiar. Entre los principales requerimientos aparecen:
- El origen de los dólares en efectivo declarados en sus declaraciones juradas.
- La existencia, fecha y condiciones de préstamos atribuidos a Silvia Pais y Norma Zuccolo.
- El origen del dinero utilizado para comprar un automóvil Jeep.
- La procedencia de los fondos para adquirir el Lote 380 del Country Indio Cuá.
- El origen de los US$245.000 abonados al contratista Matías Tabar por la remodelación de ese inmueble.
- Los fondos utilizados para pagar muebles de la propiedad de Miró 550.
- El origen y las condiciones de la compra del inmueble ubicado en Miró 550.
- Los ingresos exentos o no alcanzados por Ganancias y los bienes recibidos por herencia, legado o donación.
- El dinero utilizado para viajes al exterior, alquileres, expensas y gastos educativos.
- Las razones por las que terceros habrían intervenido en determinadas compras y pagos.
- La operatoria con criptomonedas y el origen del capital utilizado para iniciarla.
- La forma en que se compatibilizan gastos, movimientos bancarios, tarjetas y billeteras virtuales con los ingresos declarados.
- Una serie de comprobantes presentados ante ARCA por operaciones superiores a $6 millones.
- La eventual cancelación de deudas con el Banco Galicia y el origen de los fondos utilizados.
- El pago de honorarios notariales vinculados con tres operaciones inmobiliarias.
- El uso de dos tarjetas por personas del entorno de Adorni como usuarios adicionales.
- Una factura de una concesionaria por más de $4 millones que podría corresponder a un vehículo no declarado.
- El origen de acreditaciones no salariales recibidas en su cuenta sueldo del Banco Nación.
- El criterio utilizado para valuar las mejoras realizadas en Miró 550.
- La valuación y procedencia de los fondos destinados a las mejoras del lote del Country Indio Cuá.
El requerimiento busca reconstruir el circuito del dinero y determinar si existe una explicación respaldada documentalmente para las diferencias observadas por los investigadores.
Qué había dicho Manuel Adorni ante el Congreso de la Nación
El avance judicial también se relaciona con explicaciones que Adorni había brindado públicamente y ante la Cámara de Diputados.
Durante su informe de gestión del 29 de abril de 2026 recibió casi 5.000 preguntas de los legisladores. Varias estuvieron vinculadas con su patrimonio, los bienes de su familia y viajes realizados durante su paso por el Gobierno.
Ante una consulta sobre la evolución patrimonial propia y de su esposa, el entonces jefe de Gabinete señaló que la información estaba contenida en su Declaración Jurada Patrimonial Integral y que los bienes de Angeletti y del grupo familiar habían sido incorporados en un anexo reservado ante la Oficina Anticorrupción (OA).
También fue consultado por un viaje en avión privado a Punta del Este junto con su familia y el conductor de la TV Pública Marcelo Grandio. En esa oportunidad sostuvo que no existían registros de viajes financiados por terceros que encuadraran en la normativa correspondiente y afirmó que la Oficina Anticorrupción había informado que no había conflictos de intereses.
La OA confirmó además que recibió denuncias relacionadas con la evolución patrimonial de Adorni entre el 11 y el 25 de marzo de 2026 y que realizó análisis sobre sus declaraciones juradas en expedientes reservados.
La causa puede avanzar hacia una nueva etapa
El informe técnico que llegó a manos de Pollicita en julio fue considerado una pieza relevante para avanzar en la investigación. La DAFI analizó la evolución patrimonial de Adorni y Angeletti desde diciembre de 2023 y señaló inconsistencias que ahora deberán ser explicadas.
El requerimiento de justificación patrimonial es una instancia relevante dentro de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y puede anteceder a una eventual citación a indagatoria, aunque no significa que Adorni haya sido condenado ni que exista una determinación definitiva de responsabilidad penal.
Ahora la fiscalía deberá esperar las respuestas y la documentación que presente la defensa. Adorni cuenta con 15 días para responder, aunque su representación podría solicitar una prórroga.
El contenido de esas explicaciones será clave para determinar si las diferencias patrimoniales señaladas por la investigación pueden ser justificadas o si el expediente avanzará hacia nuevas medidas judiciales.
