SEGUNDA OLA DE COVID
CABA fue la Corte Suprema por las clases presenciales
El gobierno de Larreta nterpuso hoy una acción declarativa de inconstitucionalidad ante la suspensión de las clases.
Mientras Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asistió a una reunión esta mañana con el presidente Alberto Fernández en la quinta de Olivos, su administración interpuso hoy ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción declarativa de inconstitucionalidad contra lo dispuesto por el Decreto 241/2021 en relación a la presencialidad de las clases, suspendidas desde el lunes próximo y por un plazo de 15 días en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) para mitigar la segunda ola de coronavirus.
La cautelar es contra el artículo 2 del decreto, publicado hoy en el Boletín Oficial y plantea al Máximo Tribunal que se le ordene al Estado Nacional que "se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el decreto cuestionado".
En su presentación, el Gobierno porteño sostiene que el decreto "viola la autonomía de la Ciudad" e "implica una virtual intervención federal, porque se arroga potestades sobre competencias locales, en salud y educación".
Se trata de una "acción declarativa de inconstitucionalidad" presentada hoy ante el máximo tribunal a las 9.50 de la mañana por el abogado Diego Farjat, en representación del Gobierno porteño y donde el demandado es el Estado nacional.
En la argumentación de la presentación, se indica que la medida "no es razonable" ya que "la suspensión de las clases presenciales dispuesta no se encuentra justificada en datos empíricos, y resulta arbitraria porque obedece exclusivamente a la voluntad de quien detenta el Poder Ejecutivo Nacional".
"Por el contrario, está científicamente demostrado, en el ámbito internacional y local, que el grado de contagio en establecimientos escolares es mínimo", fundamenta el Gobierno de la Ciudad en la presentación ante la Corte.
También manifiestan que lo dispuesto por la Casa Rosada "constituye una clara violación al principio de igualdad, porque se evidencia una discriminación arbitraria con relación a las restantes provincias, que pueden decidir respecto de la continuidad o suspensión del ciclo lectivo 2021".
