PROGRAMA ARGENTINA UNIDA

Energía eléctrica, gas y alumbrado para barrios populares

El Secretario de Energía y el Ministro de Desarrollo Social de la Nación firmaron un acta de colaboración para llegar con servicios esenciales.
martes, 29 de junio de 2021 · 21:01

Durante la tarde del martes se firmó un acta de colaboración entre el Secretario de Energía, Darío Martínez, y el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, y Daniel Arroyo que se enmarca dentro del Programa Argentina Unida por la Integración de Barrios Populares y que implica llevar los servicios de energía eléctrica, gas y alumbrado público a los más barrios populares.

“La colaboración que iniciaremos junto al Ministerio de Desarrollo Social logrará mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. Todos los argentinos y argentinas tienen derecho a acceder a los servicios básicos, sin importar el lugar en el que vivan", explicó Martínez.

En tanto Arroyo, destacó que "la urbanización de barrios populares es un eje fundamental de las políticas del Ministerio de Desarrollo Social, porque combina el acceso a derechos con la generación de un gran plan de empleo".

En el documento firmado se destaca además la identificación y el diseño de proyectos energéticos para dar respuesta a las necesidades de infraestructura, mejoras en eficiencia energética y seguridad eléctrica de los barrios populares. 

Argentina Unida por la Integración de Barrios Populares

Se trata de un programa dependiente de la cartera de Desarrollo Social que tiene como objetivo principal la elaboración e implementación de proyectos de integración socio urbana para los barrios inscritos en el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares). 

Las acciones tienen como meta principal el acceso a los servicios básicos, la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el tratamiento de los espacios públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad a los barrios, la conectividad y el saneamiento. Todas estas obras deben adjudicarse, en un 25% como mínimo, a las cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular integradas, preferentemente, por los vecinos y vecinas de los barrios.

 

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