A más de un mes de la desaparición de Loan Peña en Corrientes, se aguarda que la Justicia levantó el secreto de sumario. Por este motivo, a partir de este martes, los abogados podrán ingresar al sistema y acceder al expediente de la causa. También, la jueza federal Cristina Pozzer Penzo citó a declarar a dos fiscales correntinos que comenzaron la investigación. Se trata de Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry, a quienes la jueza les pedirá que expliquen por qué cambiaron la carátula de la causa de desaparición a captación.
Con respecto a estas citaciones, la jueza manifestó: “Ya fueron citados a ser oídos y aportar la información del caso muy urgente y prioritaria, y específicamente a pedido de los fiscales del caso federales para que, puntualmente, depongan sobre los fundamentos del criterio que permitió el cambio de calificación del ilícito de la ‘desaparición’ a la ‘captación’ del menor”.
Acerca de la citación del periodista Alejandro Puebla, la magistrada explicó que fue citado por el polémico video que publicó en sus redes sociales donde dio una teoría sobre qué pasó con Loan en Corrientes. Lo que se busca con esta presentación es que el periodista “aporte su conocimiento sobre los hechos objeto de proceso”.
Mientras se espera saber cuándo darán testimonio, este lunes declararon frente a la jueza Agustín Ibarra, el chofer que trasladó a Laudelina Peña hasta el fuero provincial para insertar la hipótesis del accidente en el caso del niño correntino desaparecido hace más de 45 días.
A su vez, también lo hizo el viceintendente de la localidad correntina de 9 de Julio, Luis Alberto González, también fue citado para este lunes prestar declaración.
Por otra parte, la jueza Cristina Pozzer Penzo rechazó el pedido del Gobierno de Corrientes para ser querellante en la investigación por la desaparición de Loan Peña. Esto fue confirmado por el fiscal del Estado, Horacio David Ortega. En la solicitud, el funcionario judicial indicó que la iniciativa surgió del gobernador, Gustavo Valdés.
En la presentación señalaron: “Tanto la edad de Loan Peña (cinco años) como su condición particular, y sobre todo por el delito cometido en su desmedro, justifican su protección y seguridad que debe en este caso asegurar el Estado con la herramienta particular de su intervención como querellante".