En una decisión histórica, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las condenas por lavado de dinero contra el empresario Lázaro Báez y una veintena de personas en la causa conocida como la “ruta del dinero K”. El fallo representa un hito judicial largamente esperado por la sociedad y por los organismos que impulsan la transparencia institucional.
Con esta resolución, queda sellada una de las investigaciones más resonantes de los últimos años sobre corrupción y maniobras ilegales de blanqueo de capitales. Báez, el principal acusado, deberá cumplir una pena de 10 años de prisión por haber lavado más de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013, a través de una compleja red de empresas y operaciones financieras en el país y en el exterior.
La causa comenzó en 2013 a partir de un informe televisivo y tomó notoriedad pública con la difusión del video de “La Rosadita”, donde se veía a Martín Báez —hijo del empresario— contando fajos de billetes en una oficina financiera del microcentro porteño. Aquella escena se convirtió en símbolo del desfalco y del manejo opaco del dinero vinculado a la obra pública.
La decisión del máximo tribunal, que desestimó por “inadmisibles” los recursos presentados por las defensas, ratifica también las penas a otros involucrados: Martín Báez (6 años y medio), Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín (6 años), Julio Mendoza (5 años) y Leonardo Fariña (3 años y medio), entre otros. En total, son 22 los condenados. Además, se confirmaron multas millonarias —una de ellas por USD 328 millones— y el decomiso de activos por USD 65 millones.
Desde distintos sectores del ámbito judicial y político, se considera que este fallo responde a una demanda social de justicia que lleva más de una década. No sólo por la magnitud del caso, sino también por el mensaje que envía sobre la impunidad en los delitos económicos de cuello blanco.
Si bien las hijas de Báez fueron absueltas por falta de pruebas, la situación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner aún no está resuelta. Aunque había sido sobreseída por el juez Sebastián Casanello, la Cámara Federal reabrió su participación en el expediente tras aceptar como querellante a una ONG especializada en corrupción. La Corte, por su parte, desestimó un recurso de su defensa.
Con este fallo, la causa de la “ruta del dinero K” pasa a ser uno de los expedientes con condenas firmes más contundentes en la historia judicial argentina vinculada al lavado de activos y corrupción pública. Un paso que, aunque tardío, responde al reclamo sostenido de una sociedad que no olvida.
El origen de "la ruta del dinero K"
La “ruta del dinero K” comenzó a investigarse en 2013 tras un informe periodístico que expuso maniobras de lavado millonario vinculadas al empresario Lázaro Báez, estrechamente ligado al kirchnerismo. La causa tomó impulso en 2016 con la difusión del video de “La Rosadita”, donde se lo veía a su hijo contando fajos de billetes en una financiera del microcentro porteño.
La Justicia determinó que Báez lavó más de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013 mediante una red de empresas y operaciones en el país y el exterior, financiadas con fondos provenientes de la obra pública. El proceso culminó con 22 personas condenadas, entre ellas su hijo Martín, sus asesores financieros y exdirectivos de Austral Construcciones.
El fallo del Tribunal Oral Federal 4 fue confirmado ahora por la Corte Suprema, que rechazó los recursos de las defensas y dejó firmes las condenas. También se ratificaron millonarias multas y el decomiso de bienes. La situación procesal de Cristina Kirchner en esta causa sigue abierta.