Este martes, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena a Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta durante su mandato como presidenta. Pero el dato más brutal no está solo en la prisión ni en la inhabilitación. Está en la plata que deberá devolver.
La expresidenta deberá devolver al Estado más de $84.800 millones de pesos que fueron desviados en contratos de obra pública asignados de manera sistemática al empresario Lázaro Báez, su socio y testaferro en la provincia de Santa Cruz.
Es la primera vez que un expresidente argentino recibe una condena firme por corrupción cometida durante el ejercicio del poder. Y también es la primera vez que queda constatado, con evidencia judicial, el saqueo monumental de recursos públicos.
El número que duele: $84.835.227.378,04
Ese es el monto exacto que el Estado buscará recuperar mediante el decomiso de bienes, propiedades, cuentas, y activos provenientes del esquema de corrupción estructural que operó durante los gobiernos kirchneristas.
El fallo señala que Cristina Kirchner y su círculo íntimo montaron una organización para manipular licitaciones, direccionar obras y vaciar las arcas públicas bajo una fachada de planificación federal. En realidad, era un mecanismo aceitado para enriquecer a empresarios amigos del poder a cambio de lealtad y silencio.
La sentencia confirmada establece 6 años de prisión efectiva y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que termina con cualquier intento de regreso político por parte de la expresidenta.
Además, el fallo deja abierta la puerta a futuras causas que podrían complicar aún más su situación legal, como Los Sauces y Hotesur, donde también se investiga el lavado de dinero.
¿Y ahora?
Cristina tiene cinco días hábiles para presentarse en tribunales. De no hacerlo, se abriría un proceso que podría terminar en su detención forzada.
Mientras tanto, el país asiste atónito a una escena que parecía imposible: una expresidenta condenada, con pena de cárcel y obligada a devolver miles de millones robados al pueblo argentino.
No se trata de ideología. Se trata de justicia. Y de que, por una vez, el que las hace, las paga.