La cuenta regresiva de un fallo que divide al país
El juez Jorge Gorini, presidente del Tribunal Oral Federal 2, se prepara para comunicar —vía Zoom— una decisión que podría cambiar el clima político argentino: ¿Cristina Fernández de Kirchner cumple su condena en prisión domiciliaria?
La expresidenta, condenada a seis años de prisión por corrupción en la causa Vialidad, pidió cumplir su pena en su departamento del barrio porteño de Constitución. La solicitud desató una ola de reacciones, reclamos judiciales, advertencias políticas y un clima de máxima tensión institucional.
En paralelo, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se anticipó con una nota formal al tribunal en la que expresa su “preocupación” por los “efectos negativos” que tendría el arresto domiciliario en una zona de **alta densidad, tránsito y conflicto social”.
El regreso de una grieta que nunca se fue
La sola idea de que Cristina Fernández de Kirchner pueda cumplir condena en su hogar reavivó la histórica grieta argentina. Mientras sus seguidores lo ven como un derecho adquirido por cuestiones de salud y edad, sus detractores consideran que sería una burla al sistema judicial y una nueva muestra de impunidad.
Desde el entorno de la ex mandataria, aseguran que cumple con todos los requisitos legales para la domiciliaria, y que cualquier otro fallo sería “arbitrario y persecutorio”. Sin embargo, desde la vereda de enfrente, funcionarios porteños alertan que la zona podría transformarse en un epicentro de protestas, piquetes y caos social.
“Ya hay concentraciones, cortes y ruidos molestos en Constitución”, denunciaron desde la Ciudad.
El documento, que según trascendió se redactó por instrucciones del jefe de Gobierno Jorge Macri, pide “medidas excepcionales” para evitar un posible colapso del orden urbano en caso de que se confirme el arresto en el domicilio de calle San José y Humberto Primo.
Qué hay detrás del pedido de prisión domiciliaria
Cristina Kirchner fue condenada en 2022 por administración fraudulenta en la causa que investigó la obra pública en Santa Cruz. Si bien aún no está firme la pena —hay apelaciones en curso ante la Corte Suprema—, el proceso judicial avanza y ya se analizan las condiciones en caso de ejecución de la condena.
La defensa de la ex presidenta apeló al artículo 10 del Código Penal, que contempla el arresto domiciliario para personas mayores de 70 años. Cristina tiene 71. También argumentaron cuestiones de salud y seguridad personal.
Sin embargo, esta posibilidad genera una pregunta que hoy se discute en todos los ámbitos, desde el Congreso hasta las redes sociales:
¿Tiene derecho a cumplir su pena en casa una ex presidenta condenada por corrupción?
Un fallo que puede encender la calle
La tensión ya está instalada. En Constitución, vecinos y comerciantes temen quedar atrapados en un conflicto político y judicial que nada tiene que ver con su vida cotidiana. Algunos recuerdan los días más duros del 2022, cuando miles de personas se congregaron en el barrio tras los avances judiciales contra CFK.
Hoy, la posibilidad de que Cristina cumpla condena en su casa no es solo una cuestión legal, es una bomba de tiempo política. El juez Gorini lo sabe. Y la decisión que comunique podría tener repercusiones inmediatas en las calles, en los medios y en las urnas.
¿Justicia o privilegio? El debate que se vuelve inevitable
Mientras el kirchnerismo denuncia persecución judicial, desde la oposición aseguran que se está escribiendo el último capítulo de la impunidad. Los argentinos miran atentos, y cada uno ya tomó partido. Cristina Fernández de Kirchner, incluso fuera del poder, sigue siendo el rostro más visible de la grieta.
Y hoy, esa grieta podría ensancharse aún más. Porque el click es inevitable, y la pregunta ya no se puede evitar: ¿Debe o no cumplir prisión en su casa Cristina Kirchner?