En un fallo que reconfigura el tablero político y judicial, el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2), presidido por el juez Jorge Gorini, concedió este martes la prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa Vialidad. La medida, que incluye el uso obligatorio de una tobillera electrónica, exime a la exmandataria de presentarse este miércoles en los tribunales de Comodoro Py.
La decisión del tribunal —integrado por Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu— va en sentido contrario al dictamen de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes habían solicitado que la exjefa de Estado cumpliera su condena de seis años en una unidad penitenciaria común. Los fiscales argumentaron que no existían motivos humanitarios ni razones de salud que justificaran el arresto domiciliario.
“No se advierten razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario”, señalaron los fiscales en su dictamen.
La defensa de Fernández de Kirchner, encabezada por el abogado Alberto Beraldi, también se expresó en contra de uno de los puntos del fallo: el monitoreo electrónico. Beraldi calificó el uso de la tobillera como “innecesario” y una “dilapidación de recursos públicos”, pero en este aspecto el tribunal dio lugar al pedido fiscal y ordenó la colocación del dispositivo como condición indispensable para el cumplimiento del arresto en su domicilio.
La resolución judicial se apoyó en un informe socioambiental solicitado por Gorini, que evaluó el domicilio elegido por Cristina Kirchner, ubicado en la calle San José, en el barrio porteño de Constitución. Según el relevamiento, el inmueble cumple con las condiciones necesarias para que la condenada transite allí su pena. Durante el proceso de evaluación, la expresidenta declaró estar en buen estado de salud, lo que fue tomado en cuenta tanto por la fiscalía como por el tribunal.
La causa Vialidad, por la que Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, sigue generando un fuerte impacto en la escena nacional. Este nuevo capítulo promete intensificar la tensión política y reavivar el debate sobre la judicialización de dirigentes políticos.