El Gobierno de la provincia de Buenos Aires definió el nuevo cuadro tarifario que podrán aplicar los colegios privados con subvención estatal desde el mes de julio. La medida fue informada por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Buenos Aires (AIEPBA), que confirmó que el aumento autorizado es de hasta un 4,2%, acumulando un 11% bimestral entre junio (6,5%) y julio.
La última actualización que había dispuesto la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense fue del 3% en abril, por lo que este nuevo incremento representa una actualización significativa para el segundo semestre del año.
“El nuevo cuadro tarifario permite mantener la calidad de los servicios educativos que ofrece el segmento de la educación privada. El porcentaje autorizado permite afrontar el pago de los sueldos otorgados oportunamente”, señaló Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPBA.
Nuevos topes arancelarios por nivel y subsidio
Zurita también explicó que el nuevo esquema de cuotas no contempla los aumentos en costos de mantenimiento ni en servicios públicos que debieron afrontar las instituciones durante los últimos meses.
De acuerdo con los valores autorizados:
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Jardines de infantes y colegios primarios con 40% de subvención estatal podrán cobrar hasta $128.250.
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Aquellos con 100% de subsidio, tendrán un tope de $28.390.
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En el caso de las escuelas secundarias, el límite será de $166.650 para las que reciben 40% de subvención y de $31.290 para las que cuentan con 100% de aporte estatal.
“Las entidades deben hacer un gran esfuerzo, junto a las comunidades educativas, para sostener el nivel educativo. No obstante, todos nuestros asociados están comprometidos a no resignar la calidad del servicio educativo”, agregó el dirigente.
Cuándo se aplica el aumento
Los nuevos valores impactarán en las boletas que recibirán las familias en los primeros días de julio y alcanzan a todos los niveles: inicial, primaria, secundaria, técnica, agraria y superior.
Según destacaron desde AIEPBA, la adecuación de los aranceles busca mantener el equilibrio entre la actualización salarial docente –que incluye al personal de instituciones privadas– y la sostenibilidad económica de los establecimientos educativos.