Una nueva jornada de protesta tuvo lugar este miércoles en el microcentro porteño, con la participación de más de 70 organizaciones gremiales, sociales y sindicales nucleadas en el frente común "Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos". La movilización, que incluyó a ambas Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), y la Federación de Aceiteros y Desmontadores de Algodón, entre otras, se dirigió hacia la sede del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger.
La concentración comenzó al mediodía en la esquina de Carlos Pellegrini y Sarmiento, desde donde las columnas marcharon hasta el cruce de Diagonal Norte y Perón, epicentro del reclamo contra las medidas impulsadas por el presidente Javier Milei y su gabinete.
Críticas al ajuste y al desmantelamiento del Estado
Durante la jornada se difundió un documento que describe el momento actual como “una de las etapas más difíciles de la historia argentina” y denuncia un proceso de “desmantelamiento institucional” por parte del Gobierno. Según los convocantes, las políticas de ajuste fiscal, reducción del gasto público y eliminación de regulaciones afectan directamente a sectores estratégicos como salud, educación, ciencia, transporte e infraestructura.
“El modelo de déficit cero se presenta como un orden económico, pero en realidad representa una forma de crueldad social que expulsa a los trabajadores hacia la marginalidad”, aseguraron los voceros del frente, que responsabilizan a Sturzenegger de implementar una agenda de “deterioro social y económico sin precedentes”.
Entre los principales reclamos se destacaron también la creciente ola de despidos en la administración pública, el freno a las paritarias y la pérdida de poder adquisitivo.
Cuestionamientos al Poder Judicial y llamado a la unidad
Además del eje económico, el documento expresó un “repudio absoluto” al funcionamiento del Poder Judicial, al que acusaron de estar “instrumentalizado políticamente” y de utilizar fallos judiciales como herramienta de disciplinamiento.
Sin mencionarla de forma directa, se aludió al caso judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como ejemplo de “sentencias de legalidad dudosa” promovidas por “condenas mediáticas”.
El texto concluyó con una convocatoria abierta a construir una respuesta amplia y transversal frente al avance del ajuste: “Es tiempo de articular la protesta más allá de las estructuras sindicales o partidarias tradicionales y levantar la voz histórica de los trabajadores. El tejido social argentino está en riesgo y requiere una respuesta colectiva y masiva”.
La movilización se realizó sin incidentes, bajo un importante operativo de seguridad, y dejó al descubierto el creciente malestar de amplios sectores frente a la política económica del Gobierno nacional.