Como se preveía, en el Congreso y antes de las elecciones que podrán cambiar su integración, el gobierno de Milei se las ve mal: ayer se aprobó el aumento para jubilados, y esta madrugada, la ley que declara la Emergencia en Discapacidad en todo el territorio hasta el 31 de diciembre del 2026, pudiendo prorrogarse por un año más.
Con 148 votos a favor, 71 en contra y tres abstenciones, quedó aprobada la iniciativa que recompone las prestaciones arancelarias desde el 1 de diciembre de 2023 conforme a la inflación acumulada en el período y actualiza el nomenclador para la indexación mensual automática de las pensiones no contributivas de acuerdo con el IPC.
Así como el aumento a los jubilados, la emergencia será vetada, de acuerdo con lo anticipado por el gobierno. El Congreso podrá insistir, aunque necesitará los dos tercios de los votos a favor de estas leyes, siempre que también avancen en el Senado.
Durante su intervención, la diputada de la UCR Soledad Carrizo sostuvo: "Este sistema de discapacidad está necesitando que todos nosotros nos pongamos a buscar una salida razonable y coherente, para que las personas con discapacidad tengan lo que realmente necesitan".
La oficina de Presupuesto del Congreso determinó que el impacto fiscal por el aumento de las pensiones por Discapacidad significa un refuerzo fiscal de $1.889.371 billones y $3.627.495. Esta diferencia entre 1,8 billones de pesos y 3,6 millones de pesos se debe al numero de beneficiarios "por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios" que podrían registrarse con la nueva ley, señaló la Oficina de Presupuesto.