Este lunes, la Cámara Federal de Casación Penal llevó a cabo una audiencia para revisar la prisión domiciliaria concedida a Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de su condena en la denominada causa Vialidad. En un giro inesperado, el fiscal Mario Villar se opuso a un eventual traslado de la expresidenta a una unidad penitenciaria, pero solicitó el cambio de domicilio por razones vinculadas a la seguridad y la convivencia vecinal.
Minutos antes del inicio de la audiencia, Villar presentó un escrito donde manifestó su preocupación por las reiteradas apariciones públicas de la expresidenta en el balcón de su departamento ubicado en el barrio porteño de Constitución. Según argumentó, estas salidas “alteran el orden del barrio” y dificultan las tareas de custodia.
Aunque admitió que el domicilio actual no brinda mayores garantías de seguridad, el fiscal consideró que trasladarla a una cárcel “supondría un retroceso en la modalidad de ejecución de la pena”. En este sentido, sostuvo: “Creo desaconsejable imponer en este momento un cambio que redunde en desmedro del desarrollo personal de la condenada y su proyecto de vida”.
En línea con esa postura, Villar aseguró que el Ministerio Público Fiscal no se opone a que la expresidenta continúe cumpliendo su condena bajo prisión domiciliaria, siempre que se mantenga a derecho y respete las reglas de conducta impuestas.
No obstante, reiteró la necesidad de trasladar el lugar de cumplimiento de la pena a otro domicilio, debido a que las conductas públicas de la condenada —como sus apariciones en el balcón— generan molestias en el barrio y complican el operativo de seguridad.
La postura de Villar contrasta con la sostenida previamente por los fiscales del juicio oral, Sergio Mola y Diego Luciani, quienes habían sido más estrictos en su enfoque sobre la modalidad de cumplimiento de la condena.
La decisión final sobre el futuro de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner ahora queda en manos de la Cámara de Casación, que deberá analizar los argumentos de las partes y resolver si corresponde modificar el régimen actual.