La Cámara Federal de San Martín decidió revocar la medida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a continuar con el programa Volver al Trabajo, permitiendo así su cierre definitivo a partir de agosto de 2026. Esta decisión afecta a más de 900.000 beneficiarios que dejarán de recibir la prestación mensual de 78.000 pesos.
El fallo, firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, anuló la resolución previa del Juzgado Federal de Campana que había ordenado mantener el programa hasta que se implementara una política alternativa. Según los magistrados, sostener el pago constituía “un adelantamiento del veredicto final en favor de los demandantes”, y habilita al Gobierno nacional a avanzar con un nuevo esquema basado en vouchers de capacitación laboral.
Suspender el programa, un perjuicio patrimonial y social inmediato
Los beneficiarios, representados por Andrea Liliana Ledesma, habían solicitado la medida cautelar para garantizar la continuidad de los ingresos o un mecanismo equivalente hasta que se estableciera una política sustitutiva que asegurara niveles de protección similares en términos económicos y de inclusión socio-laboral. Argumentaron que la suspensión del programa implicaba un perjuicio patrimonial y social inmediato.
El juez de primera instancia concedió la cautelar bajo esos fundamentos, pero el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, apeló la decisión. La Cámara de Apelaciones de San Martín le dio la razón al Gobierno, señalando que el programa no generaba un derecho adquirido para sus beneficiarios, ya que tenía una vigencia limitada a dos años.
Los camaristas sostuvieron que las medidas cautelares no deben interferir en la ejecución de políticas públicas y que no se cumplían los requisitos legales para dictar una tutela provisoria en este caso. Además, advirtieron que la continuidad forzada del programa representaba una intromisión judicial y consolidaba un sistema asistencialista bajo control de organizaciones sociales.
Con esta resolución, el Ministerio de Capital Humano recupera la potestad presupuestaria para redirigir los fondos hacia un nuevo modelo diseñado por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cargo de Julio Cordero. El plan prevé destinar recursos a empresas, centros formativos provinciales y organizaciones responsables de talleres profesionales, en lugar de realizar transferencias monetarias individuales.
Frente a la decisión judicial, la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) emitió un comunicado en el que afirma: “La Justicia niega el derecho al salario a más de 900 mil trabajadores y en agosto no se va a cobrar el Volver al Trabajo. El hambre no espera. Seguiremos peleando por todas las vías por la continuidad del salario social complementario”.
Desde la Casa Rosada informaron que los fondos liberados por la finalización del programa se utilizarán para extender la doble jornada escolar en escuelas primarias ubicadas en zonas con mayor vulnerabilidad social, buscando así un impacto positivo en la educación y el desarrollo comunitario.
La Cámara estableció que la resolución se dictó “con costas por su orden”, lo que implica que cada parte asumirá sus propios gastos judiciales, reconociendo la complejidad del caso. La suspensión del programa tendrá efecto inmediato, por lo que desde agosto los trabajadores de la economía popular empadronados dejarán de percibir la asignación mensual, afectando directamente a sectores informales de todo el país.
