El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó ante la Justicia un escrito de 78 páginas en el que respondió los cuestionamientos formulados por el fiscal federal Gerardo Pollicita sobre la evolución de su patrimonio. La causa, a cargo del juez federal Ariel Lijo, investiga un presunto enriquecimiento ilícito y ahora deberá determinar si las explicaciones y la documentación aportada resultan suficientes.
Uno de los principales argumentos de la defensa está relacionado con la tenencia de US$ 591.544,61 que Adorni atribuyó a operaciones con Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018, antes de su ingreso a la función pública. Según el escrito, se trató de operaciones efectuadas a través de ocho direcciones de Bitcoin y posteriormente liquidadas en efectivo.
La presentación sostiene que las operaciones se realizaron mediante encuentros personales con vendedores y pagos en efectivo, y que los dólares obtenidos quedaron bajo custodia del matrimonio. La defensa aportó información sobre las billeteras y sostuvo que esos fondos explican parte del dinero en efectivo que aparece en la investigación patrimonial.
Sobre este punto, la Agencia Noticias Argentinas señaló que existen diferencias entre ese relato y declaraciones públicas anteriores de Adorni sobre sus conocimientos y operaciones con criptomonedas. La agencia también mencionó movimientos registrados en una de las billeteras y publicaciones realizadas por el exfuncionario durante períodos en los que, según sus redes sociales, se encontraba fuera del país. Esas cuestiones forman parte de los elementos que deberán ser evaluados dentro del expediente.
Otro de los capítulos de la investigación está relacionado con la vivienda ubicada en el country Indio Cuá. Adorni sostuvo que el inmueble tuvo un costo de US$ 120.000 y que la operación se financió principalmente mediante un préstamo hipotecario, mientras que el resto fue abonado con ahorros familiares. También rechazó el monto de US$ 245.000 que el contratista Matías Tabar declaró haber recibido por las refacciones. Según la defensa, las obras tuvieron un costo de US$ 175.000 y cuestionó las planillas presentadas por el constructor, entre ellas diferencias en las sumas y la falta de fechas en algunos registros.
La fiscalía también había puesto bajo análisis compras de muebles, electrodomésticos y otros bienes realizadas con tarjetas vinculadas a personas que trabajaban con Adorni. En su presentación, el exfuncionario explicó que su secretaria Gisela Kocsis lo asistía con determinadas compras personales debido a su carga laboral y que posteriormente le reintegraba el dinero en efectivo. También justificó el uso de la tarjeta de otra persona, Laura Schiuma, a partir de una relación de amistad previa.
En relación con la diferencia detectada entre los ingresos y los gastos del matrimonio, la investigación había identificado ingresos por $229,7 millones y gastos por $272,8 millones, con un desfasaje de $43.068.549. La defensa calificó esa diferencia como una “brecha residual” y sostuvo que la evolución patrimonial cuenta con respaldo documental, contable y técnico. La presentación también buscó explicar los movimientos vinculados con préstamos familiares, la compra de un departamento en Caballito, operaciones en dólares y otros gastos incorporados al expediente. Para la defensa, las explicaciones permiten considerar satisfecho el requerimiento realizado por Pollicita.
Ahora será el fiscal Pollicita quien deberá analizar la documentación presentada y definir si considera despejados los puntos que motivaron la investigación. Si entiende que persisten inconsistencias, puede disponer nuevas medidas de prueba y eventualmente solicitar al juez Lijo que cite a Adorni a declaración indagatoria.
