El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó ante la Justicia un escrito de 78 páginas para responder las observaciones realizadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita en la causa en la que se investiga su patrimonio por presunto enriquecimiento ilícito. La presentación fue realizada por su abogado, Matías Ledesma, durante la noche del domingo.
El documento busca responder los 20 puntos que Pollicita había planteado como interrogantes pendientes dentro de la investigación, entre ellos el origen de dinero en efectivo, distintas operaciones inmobiliarias, gastos familiares y movimientos vinculados con criptoactivos.
La investigación analiza la evolución patrimonial de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, desde el ingreso del exfuncionario a la administración pública en diciembre de 2023 hasta su salida del Gobierno en junio de 2026. Según el análisis de la fiscalía, durante ese período los ingresos comprobados del matrimonio alcanzaron los $229,7 millones, mientras que los gastos registrados llegaron a $272,8 millones, una diferencia de $43.068.549.
La defensa sostuvo que esa diferencia no representa una desproporción patrimonial. En el escrito, según trascendió, fue presentada como una “brecha residual” y se argumentó que representa el 15,8% de los egresos reconstruidos y el 18,7% de los ingresos lícitos computados.
Otro de los aspectos bajo análisis son unos US$402.578,12 vinculados con operaciones sobre inmuebles, remodelaciones y mobiliario que, según la fiscalía, no encontraban hasta el momento correlato suficiente con los ingresos lícitos acreditados.
Uno de los puntos centrales del descargo fue la compra y remodelación de una propiedad en el country Indio Cuá. Adorni sostuvo que el inmueble tuvo un valor de US$120.000 y que parte de la operación fue financiada mediante un crédito hipotecario. Respecto de las obras, negó que la remodelación hubiera demandado US$245.000 y afirmó que el desembolso fue de US$175.000, proveniente de sus ahorros.
La defensa también respondió sobre otro inmueble ubicado en Caballito, cuya adquisición había sido observada por la Justicia debido a que el pago se realizó en dólares y en efectivo. Según la explicación presentada, los fondos utilizados para esa operación provenían de ahorros del exfuncionario.
En relación con las operaciones con Bitcoin, Adorni explicó que fueron realizadas entre 2014 y 2018, mediante ocho direcciones, es decir, antes de su ingreso a la función pública. Según su presentación, actualmente esas billeteras se encuentran vacías.
El escrito también aborda préstamos atribuidos a familiares, la compra de un automóvil, pagos realizados a terceros, gastos con tarjetas, honorarios notariales, movimientos bancarios y otros ingresos que fueron incluidos dentro de los interrogantes formulados por el fiscal.
Adorni sostiene en su presentación que la evolución de su patrimonio durante el período investigado “encuentra sustento razonable y verificable” en la documentación aportada y rechaza que exista un enriquecimiento que no pueda ser explicado. Se trata, en todos los casos, de la posición expresada por su defensa dentro del expediente.
Ahora será Pollicita quien deberá analizar la documentación y determinar si las respuestas permiten despejar los interrogantes planteados. La causa está a cargo del juez federal Ariel Lijo.
Si el fiscal considera que las explicaciones resultan insuficientes, puede disponer nuevas medidas de prueba y eventualmente solicitar la indagatoria de Adorni y de su esposa. Por el momento, esa instancia no fue ordenada y la investigación continúa abierta.
