Un informe elaborado por profesionales del Equipo de Intervención Domiciliaria (EDID) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires identificó distintos factores de vulnerabilidad en la situación de Candela Arizaga y aportó elementos para evaluar la continuidad de la restricción de acercamiento contra Facundo Moyano. El documento fue elaborado el 4 de agosto, horas después de que la influencer, de 23 años, fuera trasladada al Hospital Pirovano tras ser encontrada en la vía pública en un “estado de excitación psicomotriz”. La evaluación estuvo a cargo de la trabajadora social Camila Díaz y la psicóloga Candela Di Pardo.
Entre los principales puntos señalados por las profesionales aparecen una asimetría de poder vinculada con el género y la diferencia de edad, otra relacionada con la actividad laboral y el cargo político-sindical de Moyano, el tenor de los hechos denunciados y el consumo problemático de sustancias psicoactivas y/o alcohol por parte de ambos. A esos factores se sumó la exposición pública y mediática del caso, que, según el informe, podía condicionar el relato de Arizaga. Las especialistas también observaron dificultades de la joven para precisar qué había ocurrido durante la madrugada y cierta reticencia a profundizar sobre la dinámica de la relación.
La intervención del equipo se produjo a partir de una denuncia vinculada con un episodio ocurrido en el departamento de Moyano, ubicado sobre la avenida del Libertador, en Belgrano. Según consta en el documento, Arizaga fue localizada a cuatro cuadras del edificio, entre las calles Vértiz y Sucre, mientras que Moyano, de 42 años, había sido detenido. Cuando las profesionales llegaron al hospital, encontraron a la joven acostada, somnolienta y con dificultades para mantener una conversación. Durante esa primera entrevista, Arizaga sostuvo: “No hubo violencia de género como se está diciendo”. También manifestó que no recordaba qué había sucedido durante la madrugada: “No recuerdo que haya pasado nada”.
Según el informe, la joven contó que antes del episodio se encontraba junto a Moyano y que ambos habían consumido drogas y alcohol. También manifestó estar confundida respecto de sus recuerdos.
Las profesionales le preguntaron si Moyano le había impedido pedir ayuda o abandonar el departamento. La respuesta fue negativa. Sobre el vínculo, Arizaga explicó que se conocían desde hacía tiempo, que habían oficializado el noviazgo en enero de 2026 y que mantenían una “buena relación”, aunque no quiso profundizar sobre esa dinámica. Durante la entrevista, el equipo también le explicó cuáles eran las medidas de protección disponibles y le preguntó si quería continuar con la investigación penal. La joven respondió negativamente en ambos casos. Poco después, Arizaga pidió finalizar la entrevista porque se encontraba cansada y aturdida.
Las profesionales consignaron que estaba orientada en tiempo y espacio, aunque permanecía somnolienta y presentaba dificultades para sostener una conversación. También la describieron como “imprecisa y parcialmente desorientada” al referirse a los acontecimientos y señalaron que había “ciertas reticencias” para responder preguntas vinculadas con la relación con Moyano.
El informe aclara que, debido a esas circunstancias, las profesionales no pudieron reunir durante esa entrevista toda la información necesaria para valorar los indicadores de riesgo propios de una situación de violencia de género. Sin embargo, sí identificaron una serie de factores de vulnerabilidad que consideraron relevantes para la evaluación del caso. Entre ellos mencionaron la diferencia de género y edad entre ambos, la posición laboral y político-sindical de Moyano, el tenor de los hechos denunciados, el consumo problemático de sustancias psicoactivas y/o alcohol sin un tratamiento acorde a las necesidades de las partes al momento de la entrevista y la exposición mediática que había adquirido el episodio. También incorporaron como elementos de vulnerabilidad la falta de precisión del relato de Arizaga, su negativa a profundizar sobre la relación y su estado de salud física, mental y emocional al momento de la intervención. Otro de los puntos destacados fue que la joven no quiso instar la acción penal ni solicitar medidas de protección. Para el equipo interdisciplinario, esa decisión también debía ser contemplada dentro del conjunto de indicadores observados durante la intervención.
El informe fue elaborado en el marco de la evaluación de la situación posterior al episodio ocurrido en Belgrano y constituye uno de los documentos considerados por la Justicia para analizar las medidas adoptadas respecto de Moyano. En ese contexto, la restricción de acercamiento se mantuvo mientras avanza la investigación y se incorporan nuevos elementos para reconstruir qué ocurrió durante aquella madrugada.
