La oposición consiguió este miércoles el quórum necesario para abrir la sesión especial en la Cámara de Diputados y avanzó sin obstáculos con su estrategia para acelerar el tratamiento de la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad.
La sesión comenzó con 130 legisladores en el recinto. Una vez garantizado el quórum, la Cámara aprobó por 249 votos y sin votos en contra el emplazamiento de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda para que analicen los proyectos vinculados con la continuidad de la emergencia.
El cronograma aprobado contempla una reunión informativa el miércoles 16 de septiembre a las 12 y un segundo encuentro el miércoles 23, también al mediodía, para avanzar con el dictamen. La estrategia opositora busca que el proyecto quede en condiciones de ser tratado en el recinto. El acuerdo terminó de definirse durante la reunión de Labor Parlamentaria, cuando quedó confirmado que los bloques opositores contaban con los votos suficientes para garantizar el quórum. Ante esa situación, el oficialismo decidió acompañar el esquema de trabajo en lugar de intentar bloquearlo.
Los primeros en ingresar al recinto fueron diputados del peronismo, Provincias Unidas, la izquierda, Argentina Federal y otros bloques opositores. Los legisladores de La Libertad Avanza, el PRO y el radicalismo se incorporaron después de que se alcanzara el número reglamentario.
Durante el debate, el vicepresidente de la Comisión de Discapacidad, Juan Marino, cuestionó la política del Gobierno y sostuvo que la situación del sector se agravó desde la sanción de la ley de emergencia. Marino afirmó que desde enero de 2024 se iniciaron 90.791 trámites para acceder a pensiones no contributivas por discapacidad y que solamente 10.374 fueron resueltos, según los datos oficiales citados por el diputado.
También planteó la situación de los prestadores. Recordó que el entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni había informado ante el Congreso que, a abril de este año, el Gobierno acumulaba una deuda cercana a los $70.000 millones con prestadores del sistema de discapacidad.
El diputado agregó que durante 2025 se había subejecutado en un 15% el presupuesto destinado a Incluir Salud, lo que, según su exposición, representó más de $135.000 millones.
Otro de los reclamos estuvo relacionado con el transporte para personas con discapacidad. Marino sostuvo que los transportistas denuncian que el valor reconocido por el Gobierno se ubica actualmente en $900 por kilómetro, una cifra que, según planteó, dificulta la continuidad del servicio.
La discusión continuará ahora en las comisiones. La oposición busca extender la vigencia de la emergencia, mientras que el oficialismo ya anticipó que trabaja en una alternativa propia para reemplazarla y que no acompañará iniciativas que, según su postura, comprometan el equilibrio fiscal.
