El Gobierno hizo este miércoles su propio balance del paro universitario nacional y consideró que la medida tuvo un componente principalmente político y un impacto limitado en el funcionamiento de las universidades. “Muy político, los gremios ya están jugando con la dirigencia opositora, directamente”, evaluó una fuente libertaria de alto nivel.
La lectura del oficialismo es que los sindicatos avanzaron con la huelga sin que existieran motivos concretos para interrumpir las actividades, ya que, según argumentaron, el Gobierno cumplió con los compromisos establecidos en la última instancia paritaria.
Desde la Casa Rosada remarcaron que se efectuaron las transferencias correspondientes a los hospitales universitarios y que también se cumplió con el acta paritaria firmada el 10 de junio con los gremios docentes y no docentes. Ese acuerdo estableció un cuarto intermedio hasta los primeros días de septiembre, cuando las partes volverán a reunirse para discutir una nueva actualización salarial. En el Gobierno, además, destacan que durante la gestión de Javier Milei se acordaron incrementos salariales que, según su evaluación, estuvieron por encima de la inflación. “Los aumentos salariales acordados se están abonando de acuerdo con los montos, plazos y el cronograma establecido oportunamente”, señalaron desde el Ministerio de Capital Humano.
Con ese argumento, el oficialismo cuestionó que los gremios hayan impulsado una nueva medida de fuerza sin esperar la próxima instancia de negociación. La lectura política que hacen en el Gobierno es que la protesta se produjo en coordinación con sectores de la oposición. “Quisieron aprovechar lo que pasó con la ley de Tierras, Malvinas, la marcha de los científicos, y armaron este paro. Pero les salió mal porque prácticamente no influyó en el dictado de clases”, sostuvo la fuente consultada.
Según la evaluación oficial, el impacto de la huelga fue más visible en la Ciudad de Buenos Aires, principalmente por la adhesión registrada en la Universidad de Buenos Aires (UBA), mientras que en distintas universidades del interior las actividades académicas se desarrollaron con normalidad. “Solo se sintió en la Ciudad de Buenos Aires gracias a la Universidad de Buenos Aires, pero en el interior las clases se realizaron con normalidad, no tuvo correlato”, señalaron desde el oficialismo.
El paro fue convocado por los gremios universitarios en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que establece actualizaciones para los salarios de trabajadores de las universidades y contempla mecanismos de recomposición para distintos programas, entre ellos las becas. En paralelo, continúa la disputa judicial por la aplicación de esa normativa. En el Gobierno mantienen la expectativa de que la Justicia resuelva a su favor y cuestionan especialmente el impacto que tendría la ley sobre las cuentas públicas, al considerar que “rompe el equilibrio fiscal”.
Sin embargo, en Capital Humano aseguran que existen fondos previstos para afrontar el cumplimiento de la medida cautelar impulsada por la UBA. La universidad acudió a la Justicia para reclamar la aplicación de las disposiciones vinculadas con los aumentos salariales y la recomposición de los programas de becas. En ese expediente, el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, convocó a las partes a una audiencia para el viernes 21 de agosto. El objetivo es intentar que los distintos sectores alcancen un acuerdo que permita destrabar el conflicto, aunque desde los distintos espacios involucrados consideran poco probable que se produzca un entendimiento. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostiene que la medida cautelar debe quedar firme y que el Poder Ejecutivo debe cumplir con la normativa aprobada por el Congreso. De todos modos, el organismo confirmó que participará de la audiencia convocada por el magistrado.
