El Gobierno prepara cambios en el esquema de financiamiento universitario que buscará incorporar al Presupuesto 2027, mientras trabaja para reunir los votos necesarios para aprobar la ley de gastos y recursos en el Congreso. La iniciativa deberá ser enviada por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados antes del 15 de septiembre, fecha establecida por la Ley de Administración Financiera.
En la Casa Rosada todavía analizan la fórmula que se aplicará para determinar el financiamiento de las universidades durante 2027 y cómo resolver el conflicto que permanece abierto por la Ley de Financiamiento Universitario. A su vez, el Ejecutivo evalúa introducir modificaciones a la Ley de Emergencia en Discapacidad, aunque este segundo punto todavía tiene un menor grado de definición.
El Gobierno descarta postergar la presentación del Presupuesto y prevé comenzar la negociación con los bloques legislativos inmediatamente después de que el proyecto ingrese a Diputados. Por ese motivo, durante las próximas semanas el oficialismo buscará avanzar con parte de las iniciativas que todavía permanecen pendientes en el Congreso.
Entre los proyectos que forman parte de esa agenda aparecen Zonas Frías, Hojarasca, el Súper RIGI, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, Inocencia Fiscal, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y la reforma de la Ley General de Sociedades, entre otras iniciativas. De todos modos, en el Ejecutivo aseguran que la aprobación previa de esos proyectos no será una condición para comenzar a discutir el Presupuesto.
Uno de los principales puntos de conflicto será nuevamente el financiamiento de las universidades nacionales. El Gobierno anticipa que deberá afrontar nuevas tensiones con los gremios docentes y no docentes, los rectores y sectores estudiantiles, en un escenario que durante agosto volvió a estar marcado por paros y protestas.
La disputa se encuentra además vinculada con la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. Después de que el Ejecutivo dictara el Decreto 759/2025, que condicionó la ejecución de la norma a la identificación de las fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) inició una acción de amparo contra esa decisión.
La Justicia también intervino en el conflicto. La medida cautelar alcanzó a los artículos 5 y 6 de la ley, relacionados principalmente con la actualización de los salarios docentes y no docentes y con programas destinados a estudiantes. El 25 de junio, la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario presentado por el Estado porque consideró que la cautelar no constituía una sentencia definitiva.
De esta manera, el máximo tribunal no resolvió el fondo de la cuestión y el expediente regresó a las instancias inferiores para continuar con su trámite. Para el Gobierno, sin embargo, existe un elemento que modificó parcialmente el escenario en comparación con el momento en que se dictó la cautelar.
Se trata del acuerdo firmado el 10 de junio entre Nación, el CIN y los gremios universitarios, que estableció una recomposición del 24,33% de la masa salarial, un incremento del 20% para los gastos de funcionamiento, $50.000 millones adicionales para los hospitales universitarios y una suba del 50% en las Becas Manuel Belgrano.
En el Ejecutivo consideran que ese entendimiento resolvió una parte importante de las cuestiones que habían originado la medida cautelar, aunque todavía permanecen diferencias relacionadas con la recomposición correspondiente a 2024 y con algunos aspectos del financiamiento estudiantil.
La estrategia oficial consiste ahora en continuar la negociación y utilizar el Presupuesto 2027 para establecer las partidas y las reglas de financiamiento del próximo ejercicio. La expectativa es que un acuerdo más amplio permita también reducir progresivamente el conflicto judicial que continúa abierto.
Por el momento, los porcentajes y la fórmula definitiva para determinar el financiamiento universitario de 2027 todavía no fueron establecidos. El Gobierno pretende definirlos durante las próximas semanas y vincular esa discusión con los fondos que todavía considera pendientes del período anterior.
El objetivo es evitar que el próximo año vuelva a comenzar con una disputa sobre la ejecución de las partidas destinadas a las universidades. En paralelo, el Ejecutivo analiza qué modificaciones podría incorporar al régimen de emergencia en discapacidad, cuya vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 y contempla la posibilidad de una prórroga por un año.
La situación de discapacidad también incluye pensiones no contributivas, prestaciones y medidas destinadas a los prestadores, por lo que cualquier modificación deberá contemplar un esquema que actualmente se encuentra en ejecución.
El antecedente que más preocupa al oficialismo es la votación del Presupuesto 2026, realizada en diciembre pasado. En aquella oportunidad, el Gobierno intentó modificar dentro de la ley presupuestaria el esquema relacionado con universidades y discapacidad, pero no logró sostener esos cambios durante la votación en particular.
Después de aquella derrota, dentro del propio Gobierno atribuyeron el resultado a un exceso de confianza y a la falta de negociación previa. Para este año, en cambio, el oficialismo considera que el escenario político puede ser diferente, aunque reconoce que necesitará cerrar acuerdos con gobernadores y bloques dialoguistas para garantizar la aprobación.
La estrategia apunta a llegar a septiembre con una base de respaldos más consolidada y evitar que la negociación se transforme en una discusión artículo por artículo durante la sesión. El conflicto universitario, además, quedó atravesado por diferencias internas dentro del oficialismo entre los sectores vinculados con Santiago Caputo y los Menem, que mantienen reproches cruzados sobre la conducción de las negociaciones y el manejo político del tema.
El Ejecutivo busca así acelerar durante las próximas semanas las reformas pendientes, presentar el Presupuesto 2027 el 15 de septiembre y concentrar luego la negociación parlamentaria en la ley de gastos y recursos. En ese proceso deberá definir qué cambios aplicará al financiamiento universitario, qué modificaciones propondrá para discapacidad y qué acuerdos necesitará cerrar para alcanzar los votos en el Congreso.
