El Gobierno nacional les propondrá a las universidades un acuerdo de financiamiento para intentar desactivar el conflicto judicial abierto por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La propuesta oficial contempla transferir fondos previstos en el proyecto alternativo que el Ejecutivo presentó en el Congreso, a cambio de que las universidades retiren la medida cautelar que actualmente espera una definición de la Corte Suprema.
Según trascendió, la iniciativa del oficialismo reconoce únicamente la pérdida salarial correspondiente a 2025 y deja afuera la recomposición reclamada desde 2023, como establece la ley vigente. La cautelar presentada por las universidades exige el cumplimiento de los aumentos vinculados a salarios y becas ajustados por inflación. En caso de un fallo adverso para el Ejecutivo, el Gobierno debería desembolsar alrededor de 2,5 billones de pesos. Por eso, la Casa Rosada busca avanzar en una salida negociada que reduzca el impacto fiscal del conflicto.
De acuerdo con fuentes oficiales, las partidas contempladas en el proyecto cuentan con el aval del Ministerio de Economía y podrían ejecutarse directamente si se alcanza un acuerdo, sin necesidad de un nuevo tratamiento legislativo. Sin embargo, desde el Consejo Interuniversitario Nacional aseguraron que hasta el momento no recibieron ninguna propuesta formal. “No hay nada de nada”, señalaron desde el organismo que nuclea a los rectores. En paralelo, tampoco avanzó la convocatoria anunciada por el ministerio de Capital Humano con universidades que cuentan con hospitales universitarios para discutir una partida pendiente de $79 mil millones destinada al sector.
El proyecto impulsado por el oficialismo propone una recomposición salarial en tres tramos, con aumentos del 4,1% calculados sobre los salarios vigentes al 31 de diciembre de 2025. Además, establece la convocatoria a paritarias cada tres meses, aunque no obliga a actualizar salarios automáticamente por inflación, como sí prevé la normativa actual. Otra diferencia importante es que el proyecto oficial no contempla una recomposición integral de partidas presupuestarias para funcionamiento, ciencia y técnica u hospitales universitarios, salvo en el caso de que la inflación anual de 2026 supere el 14,5%. Sí incorpora, en cambio, una recomposición superior a los $80.000 millones para el sistema de salud universitario, uno de los sectores que más reclamó durante la última Marcha Federal Universitaria.
